La ADP está opuesta a la modificación de la ley de Función Pública

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) está opuesta a la modificación de la Ley 41-08 sobre Función Pública, sometida por el Poder Ejecutivo y que tiene por objeto regular los subsistemas de Gestión de Recursos Humanos y las relaciones de trabajo, así como los derechos y deberes del personal designado en la Administración Pública.

Los maestros entienden que los cambios a la ley van en contra del Estatuto Docente que rige la carrera especial docente y acordaron hacerle frente.

Específicamente, rechazan el artículo 58 de la propuesta que discute la Cámara de Diputados, que establece cómo serán llenadas las plazas vacantes y así lo expusieron en un pleno nacional de dirigentes celebrado este miércoles.

Dispone la propuesta que “las plazas vacantes que se produzcan en los cargos de carrera, serán cubiertas de la siguiente forma: a) El 40 %, mediante concursos de libre competición. b) El 60 %, mediante los mecanismos de ascenso y promoción, según se establece en el capítulo IV de este mismo título”.

Actualmente los maestros ingresan al sistema educativo público mediante un concurso de oposición docente, y otros mediante contratos, pero no de manera permanente.

La modificación propone que los conflictos laborales sean dirimidos por los preceptos de la ley de Función Pública, lo que también rechazan los docentes.

“Rechazamos el intento por imponer le ley de Función Pública, para dirimir los conflictos laborales docentes, así como el concurso de oposición como puerta de ingreso a la carrera o ascenso en la misma, garantizar el cumplimiento de parámetros para el diseño de la evaluación y respetar el orden de las calificaciones para la designación del personal docente”, agregaron.

Otros temas tratados

El Comité Ejecutivo Nacional de la ADP trabajará para reorientar la elaboración del anteproyecto de ley sobre la Ley General de Educación 66-97, que tome enfoque la educación post pandemia y que responda a la cuarta revolución científico tecnológica.

También demandarán de manera inmediata el aumento de un 6 % del Producto Interno Bruto para educación, como lo establece la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.