Solo algunos puntos del plan de gobierno para la educación se han cumplido
La calidad de educación, la racionalización del gasto y la transparencia eran pilares de ese plan
Al gobierno del Partido Revolucionario Moderno le tocó asumir el sistema educativo dominicano en medio de una pandemia que afectó al mundo, pero en que ya se destinaba una gran parte del Presupuesto General del Estado, con la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), consignado en la Ley General de Educación.
En su programa de gobierno afirmaba que “la calidad es el principal problema de la educación. El 4% del PIB se ha convertido en la fuente de financiamiento de un inmenso negocio inmobiliario y la fuente de un dispendio público desenfrenado”.
Citaba numerosos problemas como la cobertura, a repitencia, la sobre edad y la deserción escolar. También cuestionaba la calidad y deficiencia de los programas universitarios de formación de docentes, entre otros temas.
Destacaba, sobretodo, las deficiencias en materia de gestión en el Ministerio de Educación, que se expresan en problemas tales como lentitud en la toma de decisiones y en los procesos, falta de transparencia, precarios mecanismos de fiscalización.
Sus propuestas iban en la dirección de racionalizar y eficientizar la administración garantizando transparencia en el manejo del 4% del PIB, auditar los gastos, instaurar un sistema de auditoria permanente en todas las instancias ejecutoras de recursos y fortalecer la auditoria de las comunidades sobre las escuelas.
La gestión de Fulcar
Al maestro Roberto Fulcar, otrora fogoso dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), le tocó asumir las riendas de un Minerd desde el 17 de agosto de 2020, institución a la que llegó con “su propio librito” y en la dirigió los procesos obviando gran parte de lo plasmado en el programa de gobierno de su partido.
La sociedad reconoce ese esfuerzo del Estado en armar un año escolar en medio de la pandemia, sobre todo porque no se estaba preparado para la educación a distancia debido a que no todos los estudiantes y docentes disponían de un dispositivo electrónico, ni conexión a internet.
Las nuevas autoridades informaron que las salientes no dejaron nada preparado para el año escolar 2020-2021 y se organizó el plan “Educación a distancia preservando la salud”.
Para este plan se destinaron aproximadamente unos 50 mil 826 millones de pesos detallados de la siguiente manera: 19 mil 291 millones en la adquisición de equipos y dispositivos tecnológicos, a través del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD); 5 mil 263 millones para los servicios de publicidad para transmisión de docencia por radio y televisión.
Otros mil 999 millones para la producción de contenido digital para educación en línea y mil 273 millones para capacitación docente y tres mil millones en mantenimiento correctivo de las escuelas, 100 millones en las Cátedras Ciudadanas y en pedagogía y capacitación docente, entre otros.
En alimentación de los estudiantes, a través del Instituto Nacional de Bienestar estudiantil se destinaron 26 mil 655 mil millones de pesos en néctares y leche y en comida cruda.
Cuestionamientos
La gestión de Roberto Fulcar frente al Ministerio de Educación estuvo llena de controversias, principalmente con el tema de las licitaciones.
La primera de ellas fue la compra de 41 arreglos de tres orquídeas cada uno, a un precio de 12,154 pesos por arreglo para un total de 692 mil 828 pesos.
Con la compra de los dispositivos tecnológicos y los libros de textos digitales del nivel de secundaria para estudiantes del sistema educativo público las denuncias de irregularidades en las licitaciones llegaron a la Dirección General de Contrataciones Públicas, cuyas decisiones, que suspendían varios procesos fueron ignoradas por la institución.
A esto se agrega los escándalos con las licitaciones del almuerzo escolar del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabie) y que terminaron en la destitución de su director Cecilio Rodríguez y otros funcionarios de la institución.
También con los preparativos del año escolar 2021-2022 que inició con falta de docentes, personal de apoyo, libros y centros educativos en el proceso de rehabilitación.
El Concurso de Oposición Docente que se realizó para llenar 19,181 plazas, se desarrolló en dos etapas, pues en la primera colapsó el sistema informático y se filtraron las pruebas, lo que llevó a las autoridades a designar una comisión de veedores que terminó renunciando porque no se le suministraban las informaciones, ni facilitaba la logística para la supervisión.
Luego vinieron las denuncias de nombramientos por motivos políticos y de docentes que no habían pasado el concurso.
De acuerdo a la rendición de cuentas presentada por Fulcar el pasado dos de agosto, 24,818 profesores fueron nombrados, 5,637 más de los que el Departamento de Recursos Humanos del Minerd dijo que se necesitaban, luego de realizar un levantamiento.
Las cancelaciones masivas de empleados también llevaron ruido a la institución y protestas en reclamo del pago de prestaciones laborales, los técnicos de educación pidiendo aumento salarial y los ingenieros por el pago de obras que habrían realizaron y cuyos trabajos no habían sido remunerados.
También por la deuda de más de 400 millones de pesos de las licencias por maternidad, acumulada en gestiones anteriores.
Roberto Fulcar solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría el 28 de septiembre de 2020, mediante una carta enviada al entonces presidente, Hugo Álvarez Pérez. Pedía una experticia a los períodos contables del primero de enero al 31 de diciembre de 2019 y del primero de enero al 17 de agosto de 2020, priorizando la verificación de los procesos en la contratación, ejecución de pagos de adquisición de terrenos, edificaciones escolares, compras, entradas y salidas e inventario de bienes y servicios, alimentación escolar, nóminas, equipos tecnológicos y cualquier otro renglón de interés, durante esos períodos. También solicitó la conclusión de la auditoría realizada de 2016 al 2018, con el propósito de transparentar todas las operaciones el Minerd. No se ha informado si esos procesos se realizaron, ni sus resultados. La pasada semana, luego de ser destituido por el presidente Luis Abinader, Fulcar acudió a la Cámara de Cuentas a solicitar que se auditara su gestión y posterioremente visitó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), donde entregó la documentación sobre la adquisición de libros digitales.
La Asociación Dominicana de Profesores realizó movilizaciones y paros de docencia para que las autoridades cumplieran con el acuerdo firmado el pasado año, que incluye un aumento salarial y otras reivindicaciones. En julio se materializó un aumento de salarios de un 10 por ciento. También, contrariando el calendario escolar, no se reintegró a las clases el 11 de enero de 2022, por considerar que la situación del COVID-19 en el país no estaba controlada.
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