El sistema de pensiones de los maestros es insostenible

El Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio “no es financieramente sostenible en el corto, mediano o largo plazo”, debido a que “no se cumple el requerimiento básico de un sistema de reparto: las contribuciones de los docentes activos no alcanzan para pagar los beneficios adquiridos por los docentes que se retiran”.

La observación la hace Acción Empresarial por la Educación (Educa), como resultado de  una “Evaluación del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del magisterio: Recomendaciones de política pública para su sostenibilidad”.

Poco caso se hizo a esta investigación realizada por expertos que observaron que, si se mantiene la tendencia de incrementos salariales actuales y del número de docentes hasta 2030, el fondo de retiro no podrá hacer frente al pago de prestaciones más allá del 2045. Y, llegado 2038, cuando finaliza el periodo transitorio dispuesto por el reglamento, el Ministerio de Educación estaría destinando el 16 % de su presupuesto al pago de prestaciones y contribuciones previsionales. 

De acuerdo a los datos contenidos en la indagación, varios factores amenazan la sostenibilidad financiera del programa y cita en primer lugar los aumentos salariales constantes desde el año 2013 al personal docente activo, incluyendo a docentes cercanos a la edad de retiro. 

En segundo lugar aumentos en el monto de las pensiones de docentes ya retirados de sus funciones que, han incrementado significativamente la partida total de pensiones y jubilaciones en el mismo periodo.

En tercer lugar, el aumento en la esperanza de vida poblacional, la disminución de la edad promedio de los nuevos docentes del magisterio, y una normativa de jubilación que prioriza los años de servicio docente sobre la edad del afiliado, podrían resultar en una mayor carga financiera para el programa de pensiones y jubilaciones en el mediano y largo plazo.

Se cita además, el curso de acción que se tomó respecto al traspaso de los afiliados y de los fondos acumulados por los docentes, previo al inicio de las operaciones de Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima), crearon un desbalance financiero en el fondo desde sus inicios, comprometiendo aún más su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

Papel del Inabima

Fue creado mediante la Ley General de Educación 66-97, de abril de 1997, para el manejo de las pensiones y jubilaciones de los maestros del sistema público. Inició sus operaciones en 2006, pero no fue hasta 2008 cuando, mediante la ley 451-08  fue formalizado su rol de administrador.

En 2009, el Consejo Nacional de la Seguridad Social ordena el traspaso de docentes y sus fondos al Inabima.

Anteriormente el Ministerio de Hacienda manejaba las pensiones y jubilaciones, hasta que en el 2001 los docentes fueron afiliados a las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pero muchos se quedaron en el sistema anterior.

El pago de gran parte de las pensiones proviene del presupuesto del Minerd, ya que el patrimonio del Inabima, que se nutre de los aportes, está siendo capitalizado. De acuerdo al reglamento de la institución, durante 15 años el Estado asumirá el pago de las pensiones y jubilaciones, y el Inabima cubrirá las pensiones de sobrevivencia. En una segunda etapa, de 15 años también, el pago será compartido entre ambos, pero el Inabima aportará un máximo de 10 %.

¿Un sistema mal concebido?

Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, explica que el sistema jubilatorio de los docentes en la República Dominicana que corresponde al Inabima, tiene algunas características que a la luz de los análisis actuariales, realizado Educa con el apoyo de empresas especializadas en estos cálculos que tienen su complejidad,   concluyen  en demostrar que ese sistema  no será sustentable.

“Las causales jubilatorias resultan muy asequibles pues un profesor se puede retirar, independientemente de su edad, si ha cumplido 15 años de servicio con el 60 % de su salario, esto es una situación compleja porque podríamos estar ante personas que ingresan muy jóvenes al sistema, digamos con 25 años y después de 15 años de servicios se pudiera estar retirando a los 40 años y este es un problema importante a la hora de solventar el sistema de pensiones”, expuso.

Caraballo indica que el programa demuestra no ser razonable, dado que la contribución de los docentes activos no es mayor a los beneficios de los docentes que se retiran.

“En las proyecciones actuariales se demuestra como en poco más de 25 años el peso relativo de las jubilaciones y pensiones dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Educación pasará de ese 5 % , como es actualmente a un 20 % o a un 16 % en un escenario más conservador, pero aun así estaríamos triplicando este esfuerzo lo cual por la magnitud que se corresponde sería muy difícil de financiar”, advirtió.

Sugiere Educa la posibilidad de que el sistema no estuvo bien diseñado desde el comienzo o de que no se ajustó a los cambios, en relación con el tamaño del cuerpo docente y el crecimiento de los salarios. Una posible solución que plantea, tomando como base la experiencia internacional, es incrementar la edad de retiro de los docentes.

Sugerencias planteadas

Los hallazgos del estudio realizado por Educa con el apoyo técnico y económico del Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social (FIES), del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; y de la AFP Popular del Grupo Popular Dominicano ponen en evidencia la necesidad de revisar el diseño actual del programa, y realizar las modificaciones necesarias para garantizar su sostenibilidad. 

“Por un lado, se deben realizar estudios actuariales periódicos, que permitan realizar oportunamente ajustes al diseño del programa, respondiendo a los cambios del sistema educativo y el personal docente. Por otro lado, se debe diversificar las inversiones realizadas con el patrimonio del fondo, de forma que se obtenga una mayor rentabilidad. Hasta el momento ha habido una limitada diversificación de los instrumentos de inversión, que ha servido principalmente como un medio de financiamiento del déficit del sector público, y que pudiera ser riesgoso e improductivo”, señala el estudio en sus sugerencias. 

En relación con el traspaso de la responsabilidad de los pagos al Inabima, se recomienda iniciar con la programación gradual del pago de las prestaciones con cargo al Programa, de forma que se aliviane la carga de estos compromisos dentro del presupuesto del Minerd.