Conocen medida de coerción contra implicados en Operación Falcón

La jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, conoce en este momento la audiencia de solicitud de medida de coerción contra 23 personas vinculadas a la supuesta red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada mediante la Operación Falcón.

La audiencia es desarrollada en la sala del tribunal debido a la cantidad de procesados en el caso.

Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista y Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony o Presidente).

Igualmente, Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro y Angélica María Maldonado Peralta.

Además, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.

El Ministerio Público está solicitando la declaratoria de caso complejo y prisión preventiva por 18 meses contra el grupo.

De acuerdo con el expediente acusatorio del Ministerio Público, mediante la red de criminalidad organizada denominada Operación Falcón, los cabecillas crearon una organización criminal transnacional dedicada a traficar cocaína desde la República Dominicana y hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico teniendo como centro de mando y operación la provincia de Santiago.

Además, la acusación sostiene que para buscar impunidad “financiaron campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldía y los concejos municipales con el objetivo de tener incidencia y poder”.

Según estimaciones de las autoridades nacionales e internacionales, la organización lavó cuantiosas sumas de dinero dentro de una red delictiva en la que “traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal.