Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias expresa preocupación por impacto de la migración haitiana

El congreso de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM) llamó la atención a la comunidad internacional sobre los flujos migratorios de la República de Haití en la región y el impacto que causa en algunos de los países miembros.

En el congreso, realizado en Punta Cana y que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, participaron representantes de 13 países miembros de la Red, que formó una mesa de trabajo para tratar la migración de los haitianos y sus consecuencias.

Los representantes de las 13 naciones miembros de la RIAM, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; así como delegaciones invitadas de Aruba, Canadá, Haití, Estados Unidos, IATA e Interpol, estuvieron presentes en el congreso.

Asimismo, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios, Jatzel Román, en representación del canciller dominicano, Roberto Álvarez; el Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Josué Gastelbondo, el director general de Migración, Enrique García, presidente Pro Tempore saliente de la RIAM, y la secretaria Técnica de la Red, Alba Goicoechea.

Asumirán de manera conjuntan y extraordinaria la Presidencia Pro Tempore durante el 2022, Ecuador y Perú, en repuesta al interés mostrado por ambos gobiernos para fortalecer las gestiones de la red, por primera vez desde su creación.

La migraciones de nacionales haitianos fue incluso tema de preocupación de varios mandatarios ante la Asamblea General de la ONU el pasado mes de septiembre, encabezado por el presidente dominicano Luis Abinader.

Una comunicación de prensa informa que la RIAM se creó con la finalidad de generar una herramienta de cooperación entre las autoridades migratorias iberoamericanas para compartir información y capacitaciones, unificar criterios y medidas en torno a delitos transnacionales como trata de personas, falsificación de documentos, tráfico de migrantes y otras cuestiones que permitan mejorar la gestión migratoria, de acuerdo a los marcos legales y normativas de cada país.