Participación Ciudadana: seis alcaldías incurren en anomalías en compras

Seis alcaldías del suroeste y sur de la República Dominicana no informan en sus portales institucionales y de publicidad sobre la convocatorias de los concursos, contratan proveedores no registrados por el Estado y tampoco fraccionan el costo de las obras.

Estos son los principales descubrimientos del Estudio “Compras y contrataciones públicas en los gobiernos locales: un desafío de los municipios del siglo XXI”, realizado por Participación Ciudadana, en alianza con el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (Cepae).

A través de una publicación, Participación Ciudadana explicó que se trata de un estudio sobre la aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones en los ayuntamientos, con énfasis en el proceso de construcciones de obras públicas consignadas en el presupuesto municipal de Azua, Baní, Barahona, San Cristóbal, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.

Otro resultado es que solo dos, de los seis ayuntamientos, cumplen con la disposición del artículo 68 de la Ley 488-08 sobre Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), que establece a todas las entidades contratantes, que al momento de hacer su presupuesto, deben reservar el 20 % para asignarlo a compras y contrataciones a través de mipymes.

En cuanto a la sociedad civil, detectaron que esta tiene poco conocimiento de la Ley 340-06, que los munícipes no son debidamente informados sobre los procesos por parte de los ayuntamientos y que las autoridades locales no dan participación a la comunidad en la selección de las obras, lo que complica ejercer veeduría social.

“Sin democracia local no hay democracia ni Estado de derecho en nuestro país. Para lograr una mayor integración de la sociedad civil y que haya transparencia en estos procesos se deben propiciar espacios para articular; desde los suplidores y desde la ciudadanía debemos exigir al gobierno local que dé razones de porqué escogieron un suplidor y no otro; hay que seguir haciendo investigaciones para conocer nuestra realidad y así reclamar el cumplimiento de la ley sobre la base del dato científico de la evidencia; y se necesita de capacitación para conocer los procesos y fortalecer la capacidad de incidencia de los diferentes actores”, sostuvo Guadalupe Valdez, economista e investigadora.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, expresó: “Los resultados de este estudio conducen a retos y desafíos para garantizar la implementación y cumplimiento de las recomendaciones que contiene. Los gobiernos locales tienen el rol y desafío de la implementación de amplias disposiciones normativas, pero cuando se trata de las contrataciones públicas, el nivel de impulso e incidencia en las organizaciones sociales se debe redoblar para evitar el despilfarro y la corrupción”.

La investigación, desarrollada como una de las acciones del proyecto “Promoviendo la Participación Ciudadana, la Veeduría Social e Incidencia en la Gestión Local” que Participación Ciudadana implementa en coordinación con Cepae y el auspicio de la Unión Europea, basa su marco legal en la Constitución dominicana, la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), así como lo establecido en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y su alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).