Ocho años después, no se han construido albergues establecidos por Ley sobre Protección Animal

A pesar de que la ley no. 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable ordena la construcción de albergue para animales a los ayuntamientos y el Ministerio de Salud Pública, no se ha construido el primer albergue en el país, lamenta la coordinadora de operaciones de la Unidad de Protección Animal de la Procuraduría General de la República, Marilyn Lois.

La ley, que fue promulgada en 2012, disponía de un periodo de dos años para que el Ministerio de Salud Pública y los ayuntamientos construyeran en cada municipio del país un albergue con un hospital para animales.

“El artículo 4 de la ley establece muy claro las obligaciones del Estado y somos signatarios de acuerdos internacionales de protección de animales”, afirmó Lois.

Los albergues son importantes ya que permitirían rescatar animales callejeros o en situación de maltrato, curarlos de enfermedades, esterilizarlos para controlar su nivel poblacional y encontrarles un hogar que los adopte.

Lois lamenta que, aunque la ley prohíba las peleas entre animales, estén permitidas las peleas de gallos. Explicó que la excepción fue hecha debido a que la mayoría de los senadores y diputados son galleros y la ley corría el riesgo de ser engavetada de no ser promulgada así.

Condena que muchas situaciones en las que se viola la ley ameritan el encarcelamiento de quienes incurren en el delito, pero son resueltas con multas, y opina que si no se endurecen los castigos, la situación no mejorará.

“Yo quisiera que fueran mínimo cinco años de cárcel”, dijo.

Según Lois, uno de los obstáculos que impiden la aplicación correcta de la ley y la recolección acertada de estadísticas sobre crímenes en contra de los animales es que la ley no está registrada en el sistema de computadoras de la Procuraduría.

La ley 248-12 contempla penas de entre tres y seis meses de prisión y multas de entre 10 y 20 salarios mínimos para quienes sean condenados por el delito de maltrato. Los condenados por el delito de crueldad enfrentan entre seis meses a un año de prisión y multas de entre 25 y 50 salarios mínimos. Las personas reincidentes enfrentan el doble de las penas.

Descuidar a un animal, no alimentarlo ni darle de beber, suministrarle sustancias que le hagan daño, abandonarlo, atropellarlo de forma voluntaria, encadenarlo y mutilarlo, son algunas de las acciones que son penadas por esta ley.

Fundaciones colaboran

Según Marylin Lois, un aliado en la lucha por la protección de los animales son las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la protección animal, que dan a conocer casos de abuso e interponen denuncias en casos de maltrato.

Myriam Rodríguez Scott, presidenta de la fundación Quisqueya en Desarrollo, dice que intentan que se cumpla la ley 248-12 y someten a maltratadores, pero que no han tenido resultados positivos. Yvette García, presidenta del Grupo Rescate, dice que han interpuesto tres denuncias en contra de criaderos clandestinos.

García también considera que la construcción de los albergues y hospitales veterinarios municipales es crucial para controlar el nivel poblacional y las enfermedades de todos los animales. Rodríguez Scott agregó que la ley nunca se ha cumplido y que han sido las fundaciones quienes han asumido el rol del Estado en la situación.

De la misma manera, lamentaron la frecuencia con la que son abandonados animales en el país. Algunas de las situaciones en las que son abandonados son cuando estos enferman, crecen, tras mudanzas o si los dueños tienen que irse de viaje.

Grupo Rescate y Quisqueya en Desarrollo también se dedican a rescatar animales y darles refugio hasta que puedan darlos en adopción. Para poder operar, estas fundaciones recurren al trabajo voluntario, hacen recaudaciones de fondos, y reciben donaciones de comida y utensilios para los animales.

Antecedentes

Cabe recalcar que el único Gobierno de la ciudad que trató de establecer un albergue de animales callejeros fue Roberto Salcedo durante el periodo 2012-2016, que propuso instalar un albergue en unos terrenos de la alcaldía que se encuentran al sur del parque Mirador Sur, por la avenida Cayetano Germosén y su propuesto recibió el rechazo de la ciudadanía.