Gobierno lleva 12 años anunciando los alcoholímetros
En el 2007 el entonces secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, compró 1,200 aparatos que tuvieron un costo de US$108,534 y nunca se utilizaron
Los aparatos para medir el alcohol a los conductores, como una manera de prevenir los accidentes de tránsito por el consumo de esa droga lícita y que solo en ocho meses del 2018 causó casi mil muertes, son anunciados en República Dominicana desde hace 12 años sin que lleguen a usarse definitivamente.
Hoy, miércoles, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) convocó a la prensa para dar a conocer el “inicio de los puntos de revisión de alcoholemia”.
Su directora, Claudia Franchesca de los Santos, el 4 de diciembre de 2017, hace casi dos años, también dio a conocer que se habían recibido ocho alcoholímetros y 32 alcoholímetros de tamizajaje, como un aporte de la Alianza Internacional para el Consumo Responsable (IARD) y la Industria Licorera Regional Local, para determinar si los conductores circulan por las vías bajo los efectos del alcohol.
No obstante, conductores entrevistados dicen que nunca le han hecho la prueba y que tampoco han visto en las calles que estén haciendo los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Estas medidas fueron dadas a conocer en los medios por los funcionarios ligados al transporte y desde que el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (1987-1990), Franklin Almeyda Rancier, dirigía la entonces Secretaría Interior y Policía en el 2007.
En febrero de ese año se dijo que ya los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) se estaban “entrenando” para utilizar los 1,200 aparatos, con igual número de pitillos adicionales, y que tuvo un costo de US$108,534.
El secretario de Interior y Policía había emitido en diciembre del 2006 la Resolución No. 03-06 para “establecer controles en el consumo y suministro o venta de alcohol a los conductores y pasajeros de los vehículos de motor, con la finalidad de garantizar la integridad de los ciudadanos y la protección de los bienes públicos y privados”.
La citada norma prohíbe ingerir bebidas alcohólicas en los vehículos de motor.
El gas pimienta que se utilizaría y que generó temor
Con los 1,200 alcoholímetros adquiridos y que se contemplaban usar en las calles para hacerles las pruebas a los que guiaban el volante, incluía que los agentes de tránsito estuvieran dotados de un frasco con spray de gas-pimienta sin efectos secundarios para tranquilizar a cualquier conductor que se rebelara contra la autoridad.
El rechazo por unos sectores al gas pimienta generó que se sometiera una resolución a la Cámara de Diputados para que solicitara al presidente de la República, Leonel Fernández, disponer que no se utilizara el aerosol.
Ley prohíbe conducir bajo los efectos de drogas
El artículo 257 de la Ley de Movilidad 63-17 prohíbe conducir bajo los efectos de drogas o sustancias controladas y establece que “toda persona que viole esta disposición será sancionada con una multa equivalente de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado y la reducción de los puntos de la licencia, que determine el reglamento, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la suspensión y cancelación de licencias de conducir”.
El artículo 22 de la citada ley, en su acápite 7, indica que los agentes de tránsito, dentro de sus atribuciones, incluye “utilizar los instrumentos adoptados por el Intrant a los fines de determinar la velocidad empleada en los vehículos de motor, la ingesta de bebidas alcohólicas o drogas”.
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