“Festín de contratos” entre músicos y el Gabinete Social

El contrato al que arribó el Gobierno, a través del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), con unos 70 artistas dominicanos para conciertos a futuro, no solo ha despertado las quejas dentro del mundo del arte, sino que encuentra oposiciones desde el punto de vista jurídico.

Este jueves, la Dirección General de Contrataciones Públicas informó que abrió una investigación de oficio sobre dicha contratación, tras constatar que hubo inobservancia de los principios de transparencia y de publicidad, entre otras irregularidades.

Mediante carta, Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, recomendó a Francisco Antonio Peña Guaba, titular del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, rescindir los contratos y detener la suscripción de otros nuevos, así como la entrega de fondos por dicho concepto.

Pimentel se apoya en el numeral 2, artículo 6 de la referida Ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios, así como en su reglamento de aplicación, para señalar que la contratación de artistas es considerada un caso de excepción. Esto debido a que responde a “la especialidad del proveedor relacionada con sus conocimientos artísticos y su reconocida experiencia en la prestación objeto de la contratación”.

Sin embargo, señala que, pese a esa excepcionalidad, dichas contrataciones deben realizarse conforme a los procedimientos dispuestos en el reglamento, el cual ordena “adjuntar un informe pericial que justifique el uso de la excepción; una resolución motivada, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de la institución recomendando su uso; contar con una certificación de apropiación presupuestaria, emitida por el director Administrativo o financiero de la institución y publicar en el Portal Transaccional e institucional dicho procedimiento de contratación”.

Para el caso, ya han podido verificar que los contratos realizados, y para los que Peña Guaba hizo anuncio público de la entrega de fondos, no se registraron en el portal transaccional, lo que viola el principio de transparencia y publicidad que la institución contratante tenía la obligación de cumplir.

Agrega que las instituciones no pueden realizar contrataciones directas, y solo se justifican en los casos expresamente establecidos en la ley, como las compras por debajo de RD$147,699.99.

Pero, las contrataciones que hizo el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales tienen un valor de unos 100 millones de pesos, según lo que explicó el propio Peña Guaba, que las justifica en que forman parte de una ayuda a la clase artística nacional, debido a la inactividad que han tenido a lo largo de los nueve meses de la pandemia del COVID-19.

“Estamos entregando una partida de 100 millones de pesos a 70 artistas establecidos. Estamos dando cumplimiento a la disposición del presidente, el mandatario es un hombre preocupado por la clase artística porque sabe que es una industria que ha sido afectada y por eso desde el Gabinete Social estamos haciendo entrega de los contratos que formalizan los servicios que estos artistas ofrecerán para llevar alegría a la población y asegurar su medio de vida”, declaró Peña Guaba a principio de esta semana.

Los beneficiarios amenizarán fiestas en Navidad y Año Nuevo, tanto por canales de televisión como plataformas digitales.

Sin embargo, la lista de agraciados apunta a que, las señaladas por Contrataciones Púbicas no son las únicas irregularidades.

Entre los artistas que se han señalado como beneficiarios se encuentran Héctor Acosta, el Torito, actual senador por la provincia Monseñor Nouel. También figura el popular merenguero Bonny Cepeda, (Fernando Antonio Cruz) quien fue designado mediante el Decreto 365-20 como viceministro de Descentralización y Coordinación Territorial del Ministerio de Cultura.

El abogado Manuel Fermín, recuerda que el artículo 14.1 de la Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas, le impide a Acosta cualquier contratación, “en tanto que ese tipo de funcionario, que es de naturaleza electiva, no puede ser “oferente ni contratar con el Estado”.

La ley 105-13 también aplica a Cepeda, dado su condición de viceministro.

Mariela Melo Cordero, una mercadóloga que envió una carta a Contrataciones Púbicas solicitando la investigación de los contratos, también señala el hecho de que varios artistas de los que figuran en la lista son representados por el empresario artístico Engelbert Landolfi, quien es asesor del Poder Ejecutivo.

Lea el artículo completo

en diariolibre.com