El costo económico de morir o quedar lesionado por un accidente de tránsito

Ocurrieron en marzo de 2021: tres fallecidos por una colisión frontal de dos vehículos en la avenida Anacaona; un motorista muerto y otro herido tras ser embestidos en una intersección por un vehículo de la avanzada de la vicepresidenta; tres paramédicos heridos cuando ocurrió un choque mientras asistían a otros de una colisión anterior... Los accidentes de tránsito no se reducen en el país y el Banco Mundial estima que su costo, como porcentaje de PIB, fue de 11.5 % solo en 2016.

Mateo Terrero, director del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), dice a Diario Libre que la nueva gestión de la entidad está haciendo “innumerables esfuerzos” para mejorar la seguridad vial en un país con un problema viejo y costoso.

Un estudio publicado por el Banco Mundial estima que solo las 3,118 muertes por accidentes de tránsito ocurridas en la República Dominicana en 2016, y aproximadamente 55,260 lesiones serias a causa de este tipo de eventos, representaron un costo de US$8.32 mil millones, lo que -calcula- equivaldría al 11.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.

Terrero -quien tiene 17 años vinculado al tema vehicular- considera alta la estimación del Banco Mundial, que se basa en parámetros de medición internacionales. Pero, a falta de cifras locales que están en levantamiento, el dato refleja el elevado impacto económico de los accidentes de tránsito.

En el reciente feriado de Semana Santa, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) contó 163 accidentes viales, en los que fallecieron 20 personas y 236 resultaron afectadas.

Solo entre 2014 y marzo de 2020 se gastaron más de RD$7,947.2 millones en atención en salud a causa de accidentes de tránsito que afectaron a afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado del Seguro Familiar de Salud, de acuerdo a un reporte dado a Diario Libre por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

Pero hay un gasto del bolsillo del afiliado que Natividad Ventura conoce bien. Hace tres años, cuando tenía 29 años, ella, su pequeña hija y su madre, sufrieron una aparatosa colisión en la autopista Duarte con otro conductor que se dio a la fuga.

Ventura gastó más de RD$200,000 en los procedimientos para su recuperación física durante los ocho meses posteriores al accidente. El dinero era de lo que tenía ahorrado para comprarse un apartamento. Y las facturas médicas aún no terminan, pues tiene una cirugía pendiente.

“Me rompí el brazo izquierdo, entre el húmero y el codo; me lo rompí en siete partes. Me fracturé el brazo derecho, en la muñeca derecha; me golpeé arriba, como en la frente, en el lado izquierdo; me golpeé la rodilla derecha y el pie izquierdo”, dice Ventura como si fuera un inventario de su cuerpo.

Muchos mueren y muchos se lesionan

El plan estratégico para la seguridad vial en el país (2017-2020) se estructuró para que al 2020 las muertes por accidentes de tránsito se redujeran en 30 %, pero esto no se logró.

En la región, la República Dominicana se mantiene en las primeras posiciones de muertes por accidentes de tránsito, siendo los hombres quienes más se accidentan. Entre las causas probables que cita la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) para esta variable están que los varones pueden tener un exceso de confianza, impericia en las vías públicas y consumen más alcohol de forma inmoderada.

También, es la población juvenil la más propensa a accidentarse, lo que la ONE asocia con factores como la sobreestimación en sus destrezas y estilos de conducción, y la percepción baja del peligro en las vías públicas.

Entre 2016 y 2019, fallecieron 12,132 personas en el país a causa de accidentes de tránsito y 425,576 resultaron lesionadas, de acuerdo a registros del Observatorio Permanente de Seguridad Vial. En el 49 % de los casos estuvo involucrada una motocicleta.

En 2020, cuando comenzó la pandemia y se decretó cuarentena, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) reportó 1,728 muertes por accidentes ocurridas dentro de su competencia.

Aunque las cifras de fallecidos son las más comentadas en la opinión pública, la de lesionados es alta y también los gastos para la recuperación del accidentado.

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), que cubre el costo de los accidentes laborales, reporta a Diario Libre que, entre 2014 y primera quincena de marzo de 2021, cubrió 84,298 expedientes de accidentes de tránsito ocurridos en el ámbito laboral.

El 55 % de esa cobertura fue entre el rango de RD$20,001 a RD$30,000, y el 26 % entre RD$10,001 y RD$20,000.

“El accidente de tránsito es el principal accidente laboral por su ocurrencia, los mayores accidentes laborales son de tránsito, y ocurren hacia el trabajo, durante el trabajo y hacia la casa”, dice Terrero.

De 3,226 personas que estuvieron involucradas en un accidente de tránsito en el país en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta Enhogar-2017, el 46 % sufrió lesiones que no requirieron internamiento médico. Sin embargo, las lesiones que sufrió el 17 % requirieron internamiento hospitalario y el 9 %, además de esto, quedó con daños materiales.

Estos accidentes fueron en su mayoría (79.1 %) causados por errores humanos, el 10 % por fallas del vehículo y el 7 % por fallas en el pavimento.

“Hay muchos vehículos en las calles, vehículos que ni siquiera deberían estar transitando por el tiempo que tienen, o sea son demasiado viejos”, dice Ventura al analizar el porqué, según su experiencia, hay tantos accidentes en el país.

“En segundo lugar –agrega–, a cualquiera le dan una licencia de conducir, no le hacen un examen sicológico, o no le hacen un test de manejo de sustancias, entonces, simplemente si tú te fuiste en un semáforo en rojo, quizás te ponen una multa, pero (...) a nadie le quitan la licencia o le ponen puntos”.

Cuando habla de puntos, Ventura se refiere a un sistema que se usa en otros países en el que al conductor se le van restando puntos por las faltas de tránsito que comete. Cuando estos se reducen a una cantidad específica, al conductor le pueden suspender su permiso para conducir.

Mejoras pendientes

En la República Dominicana ya existe desde 2019 un reglamento promulgado mediante el decreto 4-19 –pero aún no puesto en ejecución– para la existencia de un sistema de conducir por puntos, como lo manda la Ley 63-17, de Tránsito, movilidad, transporte terrestre y seguridad vial.

La ley establece que ese sistema consistirá en otorgar una determinada cantidad de puntos por parte del Intrant a los conductores. Estos serán reducidos por la comisión de infracciones y reincidencias en la violación a la legislación.

El reglamento indica que el sistema parte de un crédito inicial de 20 puntos, que se pueden ir perdiendo por la comisión de infracciones que resten. Si los conductores son noveles, partirán de un saldo inicial de 10 puntos, que pueden aumentar a 15 si no reciben ninguna infracción en dos años.

Para recuperar los puntos perdidos, el conductor deberá someterse a una evaluación y completar cursos de reeducación vial.

Un prerrequisito fundamental para poner esto en marcha es la existencia de un registro de antecedentes de tránsito que todavía está en proceso de elaboración.

Pero no es solo este sistema que el Intrant tiene pendiente ejecutar. Dentro de una lista amplia está la puesta en marcha del Reglamento de Certificado Médico Psicofísico de Conductores, aprobado mediante el decreto 3-19, como requisito para la obtención, renovación o recuperación de la licencia o autorización para conducir. “Eso se va a implementar prontamente”, garantiza Terrero.

Asimismo, está pendiente por ejecutar la inspección técnica vehicular, contemplada en la Ley 63-17, proceso cuyas pautas están delimitadas desde 2019 con un reglamento autorizado mediante el decreto 5-19.

Esta inspección busca evitar que los vehículos no constituyan un peligro para los usuarios ni contaminen el medioambiente. Si no se hace esta revisión, el conductor puede ser impedido de circular, ya que debe exhibir en el parabrisas u otro lugar visible un marbete que lo informe. La ley excluye de esta revisión a los de menos de tres años de fabricación.

En enero de 2018, el Intrant anunció la puesta a disposición del registro en su página web de los talleres de reparación y reconstrucción de vehículos, para los dueños de estos centros que trabajarán en la inspección.

“Ya se piensa ejecutar este año, por lo menos dar los primeros pasos”, dice Terrero. “Se necesitan, primero, crear centros para poder ofrecer este servicio de inspección técnica vehicular, y en el marco de la colaboración público privada, necesitamos definir los prestadores de este servicio y luego la implementación de estos centros”.

Terrero asegura que con esta revisión vehicular se disminuirían los accidentes de tránsito en un país con un parque vehicular que tiene unidades de hasta 25 años de fabricación. Cita también que se trabaja en la implementación de la detección de infracciones mediante cámaras en las vías, para automatizar la fiscalización.

“Tenemos muchos reglamentos que empujar e implementar”, reconoce Terrero. Se defiende argumentando que los planes del Intrant se han retrasado por la pandemia del COVID-19.

Al observarle que en el país ha habido instituciones públicas desde décadas anteriores a la pandemia, con responsabilidades para asegurar la seguridad vial, responde que era necesaria la creación del Intrant para concentrar funciones, y fue en 2017 que se instituyó.

“Es una muestra de conciencia política para resolver estos problemas. En estos tres años el Intrant ha estado, primero, organizándose”, justifica. Pero también reconoce que ha faltado mayor fiscalización en las carreteras y autopistas fuera de la capital, por ejemplo, en la autopista Duarte, la vía del interior del país donde ocurren más accidentes de tránsito.

Informa que hay un programa de iluminación, señalización y asfaltado para mejorar la seguridad vial en la autopista Duarte.

El Banco Mundial estima que para reducir las fatalidades en accidentes de tránsito se debería invertir US$640.41 millones en infraestructura y gestión de velocidad o una inversión anual de 0.07 % del PIB entre 2019-2030.

Esto reduciría las fatalidades en 1,124 por año y en 250,000 las muertes y lesiones graves hasta por más de 20 años, indica el Banco Mundial en el estudio “Guía de oportunidades de seguridad vial y desafíos: perfiles de países de países de ingresos bajos y medios”.

Esas reducciones significarían un beneficio económico de US$28.95 mil millones, dice la entidad.