Aumentan a cerca de 8.500 los refugiados por los terremotos en Puerto Rico

El suroeste del país continúa inmerso en tareas de ayuda

Dos mujeres refugiadas por el terremoto se saludan este martes en el campamento dispuesto por la Guardia Nacional de Puerto Rico en la pista atlética de Peñuelas. (EFE/ Thais Llorca)

El secretario de Estado de Puerto Rico, Elmer Román, informó este martes de que el número total de refugiados a causa de los terremotos que sacuden la isla caribeña desde hace días se sitúa en 8.460.

Román detalló en un comunicado que 3.939 refugiados son atendidos en 12 instalaciones administradas por el Departamento de la Vivienda (DV) de la isla caribeña.

Otros 4.521 refugiados están acogidos en 30 centros no administrados por el DV, lo que incluye instalaciones municipales, de organizaciones sin fines de lucro y espontáneas.

El funcionario indicó que además 134 ancianos y 26 menores son custodiados por el Departamento de la Familia.

Román señaló que ya el 99 % de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) disponen de servicio eléctrico, mientras que el 98,7 % de los clientes se la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados cuentan con agua.

Respecto a la circulación, hay cuatro carreteras cerradas debido a daños estructurales sufridos a causa de los temblores que se vienen registrando en Puerto Rico desde el pasado 28 de diciembre.

El suroeste de Puerto Rico continúa inmerso en tareas de ayuda a los refugiados, una semana después del terremoto de magnitud 6,4 que sacudió la isla, al que han seguido réplicas que mantienen en alerta a la población.

La Guardia Nacional de Puerto Rico estableció este martes cinco campamentos bases para que los refugiados en los campamentos informales que han establecido cerca de sus zonas de viviendas inhabitables por quedar destruidas por los temblores se movilicen a las mismas por razones de seguridad y salubridad.

Los campamentos base se establecieron en los municipios de Guánica, Yauco, Guayanilla, Ponce y Peñuelas.

El Gobierno de Puerto Rico espera ahora la mayor aportación posible por parte de las autoridades federales estadounidenses para paliar unos daños de al menos 110 millones de dólares, aunque los municipios hablan de una cifra muy superior.

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