Activistas apuestan a un relanzamiento del Ministerio de la Juventud conforme a la ley que los representa

Ante las diversas propuestas por parte de la población nacional de suprimir el Ministerio de la Juventud por los supuestos casos de corrupción revelados en los últimos meses en la entidad, activistas se oponen y plantean una solución.

El comunicador Libio Encarnación considera que eliminar esta institución no es una solución al problema, ya que considera que desde la entidad se pueden observar las necesidades primordiales de los jóvenes y a partir de ahí aportar resultados mejores.

“Creemos que la fiebre no está en la sabana, por tanto, eliminar o suprimir el Ministerio no sería desde nuestro punto de vista la opción más sensata”, manifestó Encarnación, ganador del Premio Nacional a la Juventud en el año 2003.

Planteó que una solución para esta organización sería relanzar el Ministerio, convocando a los jóvenes que participaron en la Ley General de la Juventud 4900 que sustenta ciertas responsabilidades que podrían ayudar redefinir el rol central de la entidad.

“Si se vuelve a entender la Ley de la Juventud y se hace un diagnostico nacional de las necesidades de los jóvenes y se trabaja a partir de ahí, probablemente tengamos resultados mejores”, considera.

Encarnación puntualizó que las responsabilidades planteadas mediante la ley, no se han estado ejecutando, “es decir, no se ha cumplido con lo que la ley exige y probablemente la audiencia de ese incumplimiento ha traído como consecuencia que con los años se haya desvirtuado el Ministerio de la Juventud”.

El activista indicó que hay una serie de razones por las cuales considera que el Ministerio de la Juventud debe seguir funcionando, ya que la población de jóvenes en la República Dominicana representa un 60 % de la población, por tanto, “es la población que probablemente tenga más accesos al motor productivo del país”.

Sin embargó, precisa que cuando se observan las políticas públicas dirigidas a los jóvenes, no se observan especificaciones en las acciones para los jóvenes y esto probablemente ha traído consecuencias en fenómenos como los llamados “Ninis” que son personas que ni estudian, ni trabajan.

Indicó que al menos 750 mil personas están en este grupo de los Ninis y que con la llegada de la pandemia a nivel nacional han aumentado alrededor de un 44 %, según el informe de fuerza laboral del Banco Central.

“Entonces nos preguntaos nosotros, ¿si el Ministerio de la Juventud jugará un rol mucho más activo y profundo, probablemente esa tasa de Ninis sería menor y probablemente tendríamos esos 750 mil jóvenes insertados al aparato productivo del país, pero no están”, apuntó.

Indica que a consecuencia de estos Ninis hay un problema “aún más grave” que son la generación Sisi, jóvenes sin información y sin oportunidades.

“Esa ausencia de formación y oportunidades les invita a incurrir en aptitudes y conductas violentas y que de alguna manera se hagan daño que agredan su propia salud”, sostuvo.

Mientras que la comunicadora Rayvelis Roa, también ganadora del Premio Nacional de la Juventud en el año 2004, entiende que los jóvenes comunitarios tienen un alto potencial de visión y compromiso.

Cree que se podría hacer un levantamiento de todas las organizaciones sociales y civiles de la juventud, de la parte deportiva, de la cultural para que estos jóvenes sean visibles y cuenten con el apoyo, que a veces no saben, para que aporten al cambio de indicadores en el país.

“Qué bueno sería la articulación intersectorial e interinstitucional, sector privado, sociedad civil, el Estado, esa visión de articulación para la discusión de esas políticas públicas, la definición del diseño y que tú tuvieras todos los jóvenes, sobre todo los de las bases comunitarias que es donde están los verdaderos flagelos y problemas trabajando por y para eso, entusiasmados, apoyados, guiados y dirigidos con un norte claro y apuntado a esos indicadores que pueden hacerlo”, trató.

Roa considera que todas las posibilidades positivas están, pero que, “tenemos que reenfocar dónde están, si el problema ha sido el cómo, cómo cambiamos el cómo”.

Ministerio de la Juventud se ha quedado sin titular

Las apuestas del actual Gobierno en el Ministerio de la Juventud han terminado en jaque: dos titulares destituidas en un año y tres meses, luego de que en sus gestiones fueran señaladas presuntas irregularidades.

La primera en asumir el cargo fue Kinsberly Taveras Duarte, nombrada el 16 de agosto de 2020 por el decreto 324-20 tras ser anunciada para el cargo el 23 de julio de ese año, cuando el entonces el presidente electo Luis Abinader conformó su gabinete.

La escogencia de Taveras Duarte fue elogiada, se destacó su trayectoria académica y política. Una ingeniera química egresada cum laude, especializada en energías renovables, y que fue la directora municipal más joven del país al ganar las elecciones en La Guáyiga (municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo), en 2010, a los 22 años.

Pero la estela de la joven ministra se difuminó cuando en una entrevista con la periodista Nuria Piera en octubre de 2020 se puso en cuestionamiento su patrimonio de 106 millones de pesos, y su “éxito empresarial” bajo contratos de servicios con alcaldías.

Después de semanas de polémicas, se anunció una investigación y la entonces ministra tomó licencia. Renunció a su cargo el 7 de diciembre de 2020 y fue sustituida por Luz del Alba Jiménez, nombrada dos días después por el decreto 694-20, quien hasta el momento de su designación ocupó el cargo de viceministra de Planificación del Ministerio de la Juventud.

Mientras, Jiménez fue destituida por medio del decreto 786-21, tres días antes de cumplir un año en sus funciones. La decisión fue tomada por el presidente Luis Abinader a casi cuatro semanas de que transcendiera una acusación contra la ahora exministra sobre supuestas irregularidades durante un proceso de licitación para adquirir equipos tecnológicos por valor de 3 millones de pesos.

A diferencia de la titular anterior, Jiménez no tomó licencia de su cargo al anunciarse una investigación por parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Anti-Fraude de la Contraloría General de la República.