Abogado del general Robiou dice no se justifica la prisión para su cliente

El abogado Cándido Simón, defensa del general Juan Carlos Torres Robiou, cuestionó el hecho de que el Ministerio Público anunciara que solicitará prisión preventiva contra su cliente y demás implicados en la Operación Coral 5G.

Dijo que desde hace seis meses el general sabía que estaba bajo investigación y se presentó siempre que fue requerido por el Ministerio Público, por lo que entiende eso evidencia de que no hay intención de sustraerse del proceso.

“Les dije desde un principio que no hace sentido que pidan prisión preventiva para el general Torres Robiou, que es el único por el que puedo hablar. Desde que fue mencionado el Cestur, él se quitó, puso el cargo a disposición del Presidente... Le dirigió una comunicación al Ministerio Público diciendo; estaré disponible hasta que esté aquí en Cestur, las puertas están abiertas y nunca fueron”, dijo el abogado.

Refirió que después de que fue sustituido envió una comunicación a la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso; al titular de la Pepca, Wilson Camacho; y a la procuradora general Miriam Germán, diciéndoles “estaré residiendo en mi casa, que queda a unas cuadras largas de la Procuraduría para cuando me requieran”.

El abogado dijo que su cliente cuenta con suficientes arraigos y ha colaborado con el Ministerio Público.

La Procuraduría adelantó que solicitará que el caso Coral 5G sea declarado complejo y se imponga prisión preventiva a todos los imputados en la presunta red de corrupción que funcionaba a lo interno de órganos castrenses y de la Policía Nacional.

El órgano acusador tiene hasta esta noche a las 9:00, que es cuando se cumple el plazo de las 48 establecido por la ley para hacer su solicitud de coerción.

La acusación

La red de militares del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros, según la investigación que tiene en desarrollo el Ministerio Público.

A la red, integrada por oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se le ocupó hasta el momento unas 125 propiedades.

Entre los apresados en la Operación Coral 5G se encuentra el general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

También están bajo arresto el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.

Contra el grupo, custodiado por el sistema penitenciario en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el Ministerio Público solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva como medida de coerción, así como la declaración del caso como complejo.

La Operación Coral 5G incluyó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.

En el Caso Coral el Ministerio Público ya presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Los imputados, arrestados a partir del inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.

En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.

El 8 de agosto el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.

Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

El entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.