Pandemia: 85,000 trabajadoras de hogar perdieron el empleo

Esta historia es parte del especial “Día Internacional de la Mujer” de Diario Libre, realizado por Suhelis Tejero, Margarita Cordero, Tania Molina y Beatriz Bienzobas.

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Josefina disfrutaba de sus vacaciones el 19 de marzo de 2020, fecha en que el Gobierno dominicano emitió un decreto paralizando todas las actividades no esenciales, como una medida para contener la propagación del COVID-19 que empezaba a anotarse las primeras víctimas mortales en República Dominicana.

Aunque faltaban pocos días para reintegrarse a sus labores como doméstica en una casa familiar, recibió la llamada de su patrona indicándole que no se reintegrara. La señora le recordó, amablemente, que en la casa había personas hipertensas que estarían en riesgo de desarrollar la enfermedad con complicaciones graves y que era mejor limitar su exposición a contactos.

Josefina recibía un pago de RD$9,000 al mes por las tareas de limpiar y planchar en la vivienda, en la que también había otra persona contratada para asistir en los quehaceres. “Nos pararon a las dos. Al principio nos siguieron pagando, como dos veces, pero después la señora dejó de hacerlo. Como a los tres meses me pidió que volviera, pero `con dormida`, algo que yo no podía aceptar”.

Desde entonces, Josefina no ha vuelto a ejercer como doméstica, y como ella, se estima que unas 85,000 trabajadoras del área de servicio de hogar perdieron sus empleos en medio de la crisis sanitaria que, además de trastocar la salud, llegó a ahondar las desigualdades de un sector poco regulado y mal remunerado en el país.

El estudio COVID-19 bajo la lupa, realizado por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), incluye el servicio doméstico, la construcción y el comercio, entre las ramas de actividades con mayor incidencia en la caída del empleo informal por el confinamiento.

Con el estudio, el MEPyD analiza los efectos de la pandemia en la pobreza monetaria, la desigualdad y el mercado de trabajo, así como los programas de mitigación. En el servicio doméstico, entre junio 2019 y junio 2020 se perdieron 85,461 empleos, de los cuales, 81.5 % eran empleos femeninos y 18.5 % masculinos, señala.

“El servicio doméstico aportaba antes de la pandemia 274,804 empleos, en su mayoría a mujeres. Es un sector importante en la generación de empleo, muy superior, por ejemplo, al sector de zonas francas”, dice.

Datos del Ministerio de Trabajo indican que entre julio- septiembre de 2020, los y las trabajadores domésticos eran 210,502, de los que el 95 % es mujer. Mientras el 24.6 % de los hombres trabaja formalmente, en las mujeres ese porcentaje es de solo 2.5.

La cifra de pérdida de trabajo se asemeja a las estimaciones que hace Elena Pérez, secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, en función de la cantidad de despidos o suspensión que hubo entre las 4,600 afiliadas a su organización.

“La pandemia revela la situación en que vivíamos, de desprotección total, sin cobertura de la seguridad social, en medio de una crisis sanitaria, sobre todo. La pandemia agudizó la situación que viven las trabajadoras del hogar en República Dominicana”.

Describe un escenario en el que algunas de sus compañeras fueron despedidas sin prestación laboral, otras suspendidas sin disfrute de salario. Algunas quedaron dentro de los hogares por los tres primeros meses de la pandemia, ante el temor del empleador y de ellas mismas a salir y contagiar a sus familias o a las que servían, mientras otras estuvieron intermitentes, con 15 días dentro del puesto de trabajo y cinco días fuera.

Ambrosia Rosario se cuenta entre las suspendidas sin salario. Recibía un pago semanal de RD$2,500 por su trabajo los fines de semana, con dormida, en una vivienda. En marzo la pararon y así estuvo hasta mayo, justo en los meses de mayor incertidumbre por el COVID-19 que alcanzó su primer pico en ese tiempo.

“Me quedé sin ingresos, porque hasta los dulces que hago, ya la gente no los quiso comprar por el miedo al virus”, comenta la mujer que dice haber sobrevivido porque la incluyeron en Quédate en Casa, uno de los programas de ayuda económica ejecutados por el Gobierno durante la pandemia.

Martha Castillo, una señora de 58 años que ha trabajado como doméstica desde los 11, iba una vez a la semana a limpiar un apartamento. Cuando llegó la pandemia, su jefa le dijo que ya no podía ir y venir, así que por dos meses estuvo en su lugar de trabajo sin salir.

Además de que tuvo que atender a diario los quehaceres de la vivienda por el mismo pago de RD$2,500 al mes, cuenta que durante el tiempo que estuvo encerrada no se sentía bien, “porque no podía ver a mi vieja (su madre) y eso me daba mucha pena”.

La situación no era justa para Martha, pero necesitaba el trabajo, dice resignada en un oficio en el que siente que no le valoran y le tratan “como si uno no vale nada”.

Ella conoce el caso de otras mujeres que fueron suspendidas con su sueldo durante los primeros meses de la pandemia, pero también de otras que simplemente las cancelaron sin darle prestaciones.

“Tradicionalmente, el trabajo doméstico ha sido objeto de condiciones de trabajo inadecuadas, incluyendo extensas jornadas, bajos salarios, trabajo forzoso y una escasa o nula protección social”, exponen la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ONU Mujeres en el estudio “Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del COVID-19”.

La publicación señala que, en gran medida, la situación de las domésticas es reflejo de “la escasa valoración social y económica que las sociedades suelen otorgar a esta actividad, lo que en muchas situaciones se refleja en la ausencia de legislaciones adecuadas o en la falta de una aplicación efectiva de las mismas”.

Señala que, a raíz de la pandemia, las domésticas debieron asumir mayor responsabilidad en la limpieza y cuidado del hogar, debido a los riesgos de contagio y con niños a tiempo completo en las casas por la suspensión de las clases presenciales en escuelas, colegios y universidades. Pero ellas, que casi siempre carecen de seguro de salud, también están en mayor riesgo, pues les toca desplazarse en transporte público, y no pueden dispensar los cuidados adecuados a sus propias familias.

Estimaciones de la OIT, indican que el 70.4 % de las trabajadoras domésticas están afectadas por las medidas de cuarentena, por disminución de la actividad económica, desempleo, reducción de las horas trabajadas o pérdida de salarios.

Salario a discrecionalidad del jefe

Los RD$9,000 de salario que recibía Josefina se quedan corto frente al más bajo de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado que el Gobierno fijó en 2019 en RD$10,730 (aunque para entonces la canasta básica, en su quintil más bajo, era de RD$13,955, según el Banco Central).

El monto tampoco representa un referente en un sector que carece de un salario mínimo establecido y los montos a pagar dependen de los criterios de cada empleador.

Un anuncio publicado hace unas semanas en un medio de comunicación nacional indicaba: “Busco señora para cuidar a una señora mayor, con dormida, un solo día libre, saliendo quincenal. $12,000 mensual”.

Rosangela gana RD$ 5,000 al mes por ir a limpiar dos veces a la semana a una vivienda, un trabajo en el que, aunque fijo, no tiene seguro médico.

A Lucrecia le pagaban RD$7,000 por ir a limpiar y planchar tres días a la semana en un apartamento, trabajo que perdió hace año. Tampoco tenía seguro médico, aunque estuvo fija por tres años.

Eva gana RD$12,000 por un trabajo de lunes a sábado, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el que además le pagan seguro médico y hasta los hoteles y pasajes aéreos cuando la familia, en la que lleva 21 años ofreciendo sus servicios, decide tomarse unas vacaciones en las que casi siempre la incluyen.

Pero Elena Pérez cuenta que apenas en 2018, durante un trabajo de campo que hacía con otras compañeras de la asociación, encontró un caso en Bayaguana de una doméstica que cobraba RD$ 2,500 pesos al mes. “Teniendo a su cargo dos niños, una casa de dos niveles, haciéndolo todo y saliendo cada 15 días de la casa”.

Aspira a que en el país se pueda dar una discusión amplia sobre el tema salarial, para que se establezca un sueldo mínimo o, como ocurre en sectores como la construcción, se establezcan tarifas por tipo de oficio.

Regulación

El trabajo doméstico en República Dominicana está regulado, en principio, por el Código de Trabajo que establece las jornadas de descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas, y de nueve entre las jornadas diarias. También el salario de Navidad y las vacaciones anuales.

El país es además signatario del Convenio 189 sobre Trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos que adoptó la OIT en 2011.

Dicho convenido, ratificado por el Congreso Nacional en 2013 y registrado por el Estado dominicano ante la OIT en 2015, establece como normas mínimas el establecimiento de un salario mínimo, información clara sobre los términos y condiciones del trabajo, de preferencia mediante contrato escrito, protección y seguridad social.

También el respeto de los derechos fundamentales de las y los trabajadores domésticos, protección efectiva contra todas las formas de abuso, acoso y violencia, entre otras disposiciones y derecho a negociación colectiva.

“El 15 de mayo de 2016, justamente, entró en vigor el convenio y hasta el día de hoy, las autoridades han hecho caso omiso a su cumplimiento”, se queja Elena Pérez, que asegura que desde los distintos colectivos que representan a los trabajadores domésticos han enviado cartas, realizado ruedas de prensa, plantones y reuniones con el Ministerio de Trabajo en busca de que se creen las condiciones para una efectiva aplicación del acuerdo.

Dice que falta la voluntad del Gobierno, sobre todo del Ministerio de Trabajo, para que se creen los mecanismos de aplicación del convenio. Para eso, se debe sentar en la mesa de diálogo a trabajadoras, empleadores y el Gobierno con el fin de consensuar el ordenamiento legal que permita “garantizarle a las domésticas derechos similares a los de otros trabajadores dominicanos”.

En un escenario de informalidad y tan diverso como las y los empleadores en los hogares, ¿quiénes les pueden representar?

Ana Bertilia Cabrera, presidenta de la Asociación de Amas de Casas, entiende que ellas deben tener dicha representación y así lo han planteado mediante comunicación al Ministerio de Trabajo.

De entrada, dice estar de acuerdo con que el trabajo doméstico requiere de mejores condiciones, pero se declara en contradicción por entender que muchas familias que demandan de un servicio en la casa, no cuenta con los recursos para garantizar las condiciones que se plantean en el Convenio 189.

“Todavía República Dominicana no está preparada para poder cumplir con esas exigencias”, dice la señora que se pone a sí misma como ejemplo de la carencia de recursos de muchas familias.

Cabrera dice ser pensionada con RD$15,000 al mes, de lo que la mitad se le va en medicamentos, pero necesita de alguien que le asista en la casa.

Señala que en los barrios del país están llenos de madres solteras que necesitan a alguien para que les cuide los niños mientras van al trabajo, pero no pueden pagar un salario mínimo, ni seguro médico ni prestaciones.

“Entiendo que hay que mejorar las condiciones y el salario, pero que el Estado asuma el seguro y la liquidación (de las domésticas), por lo menos de los que no pueden pagarla”.

Incumplimientos

De acuerdo con el estudio de la Cepal, OIT y ONU Mujeres, solo en ocho países de la región (Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Paraguay, el salario mínimo de las trabajadoras domésticas remuneradas se equipara al salario mínimo nacional, mientras que otros dos, Argentina y Uruguay, se fija mediante un proceso de negociación colectiva.

En cuanto a la afiliación a la seguridad social, indica que, aunque la mayoría de los países establece la afiliación obligatoria, la cobertura es baja, y que en varios países se dejan fuera a quienes realizan jornadas parciales para varios empleadores.

En España, el Ministerio de Trabajo inició una campaña en febrero pasado para que los empleadores de personas en el hogar actualicen sus cotizaciones y salarios de acuerdo el mínimo interprofesional. Otorgó un plazo hasta el 31 de marzo para ello, con la advertencia de que quienes incumplan a partir de entonces, serán sancionados con montos desde 6,250 euros.

En su estudio sobre la pandemia, Cepal y la OIT señalan que en la región se están incumpliendo el Convenio 189 y muchas normativas nacionales, por lo que, es fundamental que los gobiernos impulsen medidas para garantizar el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas. como parte de las medidas de respuesta a la emergencia sanitaria y la recuperación socio-económica”.

Con o sin pandemia, la mayoría de las entrevistadas en para este trabajo coincide en anécdotas de trabajos buenos y malos, acusaciones infundadas de robo, maltrato, falta de seguro médico y no reclamo de prestaciones tras sus despidos, porque piensan que no serán escuchadas.

Pero Martha, que ya empieza a hacer fila en una de las organizaciones del sector, llama a la unión de todas. “Es mucho lo que hay que hacer en una casa de familia y la mayoría no lo toma en cuenta, pero somos nosotras las que tenemos que cambiar eso ... Las mujeres no deberíamos avergonzarnos más de lo que nos da, con lo que resolvemos, porque nosotras mantenemos a nuestros hijos y los llevamos a la universidad con el sueldo del trabajo doméstico, y los grandes empresarios necesitan trabajar tranquilos porque tienen una buena empleada en su casa”, expresa.

Tania Molina

Es periodista en Diario Libre.