Atrapadas, 17 años después

En el año 2003 comencé a involucrarme en el tema de la violencia intrafamiliar y contra la mujer por su pareja íntima. En ese entonces, los periódicos resaltaban el aumento de los asesinatos de mujeres por parte sus parejas o exparejas con titulares como: “El año 2003 cierra con 123 mujeres asesinadas”.

Esa cifra no oficial reflejaba un subregistro, pues el Estado no tenía un registro unificado ni contaba con una herramienta confiable al momento de hacer el levantamiento de los homicidios de las mujeres para categorizarlos como feminicidios. De modo que existía un gran vacío de información que impedía conocer el total de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

Asimismo, la prensa escrita denunciaba la impunidad y la negligencia con que se manejaban los casos en los destacamentos policiales y, en ocasiones, en el Poder Judicial. Las denuncias, entonces, se interponían en los destacamentos policiales, donde las mujeres eran revictimizadas recurrentemente por la falta de especialización en el abordaje. El sistema judicial incurría en lo mismo con la burocracia de los procesos y, sobre todo, con los reenvíos constantes o porque no emitía sentencias justas.

En esa época, los actores del Ministerio Público mostraban una presencia desbordante de mitos, estereotipos sexistas y prejuicios contra las víctimas, propios de la cultura patriarcal, de los que no estaban exentos los jueces y las juezas, por lo que proyectaban sus creencias distorsionadas en las sentencias. El maltratador quedaba sin sanción penal y las mujeres expuestas a un riesgo permanente.

Por otro lado, según las estadísticas del año 2003, el 38.71 % de los feminicidios ocurrían en el hogar y las mujeres que se encontraban en riesgo inminente de muerte no tenían un techo temporal que las amparara junto a sus hijos, mientras se apresara a su verdugo. Muchas de ellas no contaban con una red de apoyo familiar y, si la tenían, sentían mucho miedo porque sus parejas o exparejas conocían a sus parientes y amistades, por lo que, a través de ellos, podían encontrarlas y asesinarlas. Se sentían atrapadas, impotentes y temerosas, pues sus hogares representaban el espacio de mayor riesgo porque lo compartían con sus asesinos potenciales. En ese entonces, tampoco contaban con el soporte del Estado. Solo había dos casas de acogida, manejadas por el sector privado, pero no se contaba con la protección ni la logística necesarias para estos casos.

Después de una larga espera fue promulgada la Ley No.88-03 de Casas de Acogida o Refugios y sus Reglamentos, en mayo del año 2003. Años más tarde, el Estado habilitó dos casas de acogida, una de paso y una modelo. Hoy solo operan tres para todo el territorio nacional.

La violencia contra la mujer en la República Dominicana era percibida como “un problema entre marido y mujer”. Aún es frecuente escuchar: “Algo hiciste tú para que él te diera” y otras expresiones similares que culpan a la mujer de la violencia en su contra. El feminicidio estaba justificado si se cometía por “motivos pasionales” o “bajo los efectos del alcohol”. Todavía la violencia es vista como un comportamiento que responde a una enfermedad, cuando en realidad es una conducta aprendida para obtener poder, control y dominio.

En el año 2003, el 70,58 % de los feminicidios en la calle fueron cometidos por parejas o exparejas, otro reflejo que evidencia la legitimación social del poder que tienen los hombres para asesinar a sus parejas o exparejas públicamente, como si fueran objetos de su propiedad y, por tanto, son ellos son quienes deciden cómo y cuándo ellas mueren. ENDESA (2013), encontró que 3 de 10 mujeres dominicanas han sufrido algún tipo de violencia.

Todo esto ocurría, a pesar de que desde el 27 de enero de 1997, cuando fue promulgada, se contaba con la Ley 24-97, un instrumento jurídico que tipifica la violencia contra la mujer como un delito que afecta su salud mental y física. Nos encontrábamos ante un grave problema social.

Es importante resaltar que el Estado Dominicano y algunas instituciones de la sociedad civil hacían un gran esfuerzo para generar un cambio cultural que eliminara la violencia contra la mujer. Pero las consecuencias de este fenómeno sociocultural tan complejo no han variado significativamente con el paso del tiempo, a juzgar por la cantidad de feminicidios que se cometen.

Es lamentable que el hogar de las víctimas sea convertido en el escenario más peligroso para ellas y sus hijos, lo que constituye un drama familiar que deja a muchos de ellos en la orfandad y con secuelas emocionales difíciles de superar.

En el 2003 nace el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM), una institución sin fines de lucro que desde su creación inició una serie de acciones con miras a impactar en la vida de las mujeres a través del Programa de Recuperación Emocional, en el Ministerio Público y el Poder Judicial, que mediante capacitaciones a los actores del sistema, consistentes en diplomados, talleres y cursos sobre la violencia en la pareja, ha dado a conocer el daño psicológico que sufren las mujeres expuestas a la violencia, y el perfil psicológico y las estrategias de control y dominio de los agresores.

En el 2020, a 23 años de ser promulgada la Ley 24-97, hay avances importantes, pero no se ha logrado la implementación y la articulación de las políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia contra la mujer o por lo menos reducirla, con una notable disminución de los feminicidos. Ocurre todo lo contrario, cada vez los crímenes son más crueles, en presencia de los hijos o extendiéndolos a los familiares más significativos. Una madre, un padre, una hermana, un cuñado, no representan una figura de respeto para el agresor. Entre los 89 casos de asesinatos de mujeres reportados por la prensa en 2019, 24 ocurrieron cuando estaban presentes niños y niñas, lo que representa que un 27% fueron testigos de las muertes de sus madres. (UNFPA,2019).

Tampoco se ha logrado que las víctimas cuenten con una red completa de apoyo, protección, orientación y salud para que puedan preservar sus vidas, su salud mental y la seguridad de sus hijos, lo que constituye un motivo de preocupación.

Al momento de escribir este artículo, más de 10 mujeres han sido asesinadas brutalmente durante este año por sus exparejas, que no toleraron un “no” como respuesta. A mujeres jóvenes, con edades productivas, buen estado de salud, con hijos y toda una vida por delante, se les ha privado del derecho a existir.

Nos llama la atención que durante este año se hayan incrementado los feminicidios en las adolescentes, así como en adultas jóvenes, en comparación con las estadísticas del año 2003. Es probable que estas jóvenes identificaran la violencia que sufrían, razón por la que se habían separado, lo que se constituyó en un factor de riesgo. Las adolescentes de 15 a 19 años son las que más violencia (física, sexual, psicológica y durante el embarazo) han sufrido (40% vs 35% en las de más de 20 años). (UNICEF,2019).

En la medida que transcurre el tiempo observamos el aumento en la cantidad de menores relacionadas con hombres violentos, que les duplican o triplican la edad, con el agravante de que no hay un sistema que las proteja y las ayude a salir de la relación ni de la situación de riesgo en la que se encuentran. El 58 % de las adolescentes dominicanas casadas o unidas tienen parejas a lo menos 5 años mayores que ellas, considerado abuso sexual según la Ley 136-06, artículo 396, c. (Plan Internacional, 2020). Es urgente implementar políticas de prevención, atención y protección que les garanticen la vida y el desarrollo integral. El promedio de niñas y adolescentes unidas antes de cumplir 18 años en América Latina y el Caribe es de un 23%. República Dominicana ocupa la posición más alta con un 36%. (Fuente: UNICEF Estado Mundial de la Infancia. Datos 2008-2014).

Estos crímenes evidencian la falta de compromiso y articulación desde el Estado para fortalecer las políticas existentes y crear nuevas estrategias de afrontamiento enfocadas en el agresor, que permitan identificar la peligrosidad que ellos representan y el riesgo que corren las víctimas.

Dada la gravedad de la violencia y la ocurrencia de feminicidios urge que el Poder Ejecutivo asigne un presupuesto blindado que permita desarrollar programas de prevención y atención para las víctimas, y de reeducación para hombres. Además, que promueva la capacitación y especialización de los jueces, de manera que contribuyan con una práctica justa en la aplicación de la condena como acción reparativa para las víctimas y sus familiares.

Otra tarea pendiente del Estado es crear herramientas que permitan valorar la peligrosidad de un agresor e identificar los factores de riesgo que señalan las víctimas cuando deciden interponer la denuncia, a fin de ofrecerles la protección adecuada de acuerdo con la severidad de los comportamientos violentos de sus parejas o exparejas, quienes utilizan las amenazas como un medio de control.

En la actualidad, persisten las dificultades para levantar los datos en los Departamentos de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y el Instituto de Ciencias Forenses.

Después de 17 años de su creación, el PACAM mantiene la esperanza de que las víctimas tengan un Ministerio Público que vele por su protección, que crea en sus testimonios, agilice las medidas de coerción y cite a los agresores para evaluar su peligrosidad y sus conductas, encaminadas a negar o minimizar sus acciones violentas y a culpabilizar a las mujeres o considerarlas como seres inferiores.

Asimismo, representa un reto para las autoridades desarrollar programas de psicoeducación para las personas privadas de libertad por violencia de género.

Yanira Lara