Proponen sanciones a los funcionarios que no acaten citas del Congreso Nacional
Luego de iniciado un juicio no se admitirá la renuncia del funcionario
SANTO DOMINGO. Un informe favorable de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, propone modificar el proyecto de ley orgánica de fiscalización y control, que deberá ejecutar el Congreso Nacional (CN).
Además, recomienda que cuando un funcionario público no haya acatado una invitación del Senado o la Cámara de Diputados o a sus comisiones para dar explicaciones sobre denuncias por faltas graves en el ejercicio de sus funciones se establezcan sanciones con penas de tres a seis meses de prisión y una multa de 20 a 100 salarios mínimo público.
Contempla también que en el caso de que un funcionario no obtempere al llamado de interpelación se establecería una "moción de censura", que sería una resolución de una o ambas cámaras legislativas a través de la cual le recomienda al Presidente de la República o superior jerárquico su destitución del cargo por haber incumplido con sus funciones.
La aprobación de un voto de censura requerirá ser aprobado por las dos terceras partes de los presentes.
En el proyecto de ley presentado por la diputada Minou Tavárez Mirabal, se establecen procedimientos y plazos para que se realicen juicios políticos, interpelaciones o citaciones.
Tiene como objetivo regular los procedimientos y mecanismos de fiscalización y control político del Congreso Nacional, conforme a lo dispuesto por la Constitución y los reglamentos internos de ambas cámaras legislativas.
En el caso del juicio político sugiere dos etapas: una de investigación y acusación que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados y una de juicio sobre la acusación, que se realizaría en el Senado. Esa cámara determinaría la absolución o la sanción aplicable.