Subsidios impactan a más de 2.7 millones de personas y son buenas armas políticas

El último informe del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), que dirige la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, destaca que 828 mil 887 familias recibieron alimentos cada mes durante el 2018, a través de Comer es Primero.

Esto impacta a 2 millones 735 mil 327.1 personas (2.7 millones), lo que otorga buenos réditos políticos, tomando en cuenta que la proyección del padrón de electores de la Junta Central Electoral (JCE) es de 7.5 millones de personas. (Según ENHOGAR, el promedio de familia en el país es de 3.3 personas)

El Partido de la Liberación (PLD) ha sido el gran beneficiado político en los últimos 10 años de las ayudas sociales que maneja el Gabinete de la Política Social, como lo evidencian los frutos electorales que ha venido cosechando la organización política desde su regreso al poder en las elecciones presidenciales del 2008.

El tema de las ayudas sociales y su uso en la campaña política ha sido recurrente en los procesos electorales, porque mientras la oposición se queja porque se usan en su contra, el oficialismo mete el “cuco” a los votantes de que, si el candidato opositor sube al poder va a quitar las ayudas condicionadas y los alimentos que reciben en “Comer es primero”.

Otros datos sobre la política social precisan que 495 mil 595 familias se beneficiaron de los bonos estudiantiles y que 956 mil 906 hogares recibieron Bonogás Hogar y 448 mil 299 Bonoluz.

El presupuesto destinado al Gabinete de la Política Social se incrementó en RD$1,257,562,712 para el 2019, ya que el presupuesto destinado será de RD$18,513,747,464, mientras que para el 2018 fue de RD$17,256,184,752.

“Comer es primero” tiene presupuestado para el 2019 RD$8,642,337,900; Prosoli RD$1,285,679,900; Bono Luz RD$2,068,22,188 Bono Gas Hogar RD$2,628,000,00; el Incentivo a la Asistencia Escolar 800 millones, y Ayudas a Envejecientes RD$399,996,000.

La Ley de Partidos

El artículo 59 de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, en su párrafo I, indica que “será ilícito que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reciban cualquier otro tipo de financiamiento directo o indirecto del Estado, o cualesquiera de sus departamentos, dependencias u organismos autónomos o descentralizados; de los ayuntamientos o entidades dependientes de estos, o de empresas públicas y privadas, así como de empresas de capital extranjero”.

En la ley también se prohíbe a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y a sus dirigentes, militantes o relacionados “recibir para costear su actividad política partidaria, donaciones o regalos de parte de cualesquiera de los poderes del Estado, o de los ayuntamientos, o de la Junta Central Electoral”.

Los precedentes

El 17 de febrero de 2016, la Junta Central Electoral decidió suspender la asignación del fondo de gestión social a los legisladores, mejor conocido como “barrilito” en el Senado y “cofrecito” en la Cámara de Diputados, hasta el mes de junio de ese año, al finalizar tres meses de campaña. Y en abril del 2010, la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral prohibió (JCE), por resolución, los planes sociales de los ayuntamientos, los senadores y diputados, los Comedores Económicos, la Lotería Nacional y otras instituciones gubernamentales los días 14, 15 y 16 de mayo.

Se prohibió el reparto de raciones alimenticias, electrodomésticos, materiales de construcción y otros efectos, que suelen aprovechar para beneficio político los candidatos.

A pesar de eso, la oposición se mantuvo denunciando la continuidad entrega de ayudas y dinero.

Abel Guzmán Then