La propuesta de Abinader para “despolitizar” el Ministerio Público

De ganar la Presidencia de la República, Luis Abinader impulsaría que el procurador general de la República sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y por un período de seis años y sin posibilidad de ser reelecto en el puesto. En la actualidad el cargo es designado por el presidente de la República.

El candidato del opositor Partido Revolucionario Moderno también buscaría que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sea ocupada solo por jueces de carrera. El político hizo el planteamiento entre las propuestas que hace en ocasión de celebrarse este martes ocho de enero el Día del Poder Judicial, las cuales ejecutaría “para fortalecer la institucionalidad de la justicia dominicana”.

“Hemos insistido en la idea de conformar un verdadero Ministerio Público independiente, que actúe al margen de los intereses políticos partidarios y cuyas decisiones no estén afectadas por elementos ajenos al ideal de la justicia, dada su condición de representante de la sociedad”, expresó en una nota de prensa.

En el documento planteó que, al lograr la independencia del Procurador, se podrá obtener también la despolitización del Ministerio Público en su composición general, ya que el Consejo del Ministerio Público dejaría de estar bajo el control del Poder Ejecutivo.

“Con esto, lograríamos que este órgano no dependa del Poder Ejecutivo y, a la vez no requiera mantener una relación “estrecha” con los sectores de poder político, ya que su designación será por un único período”, apuntó.

Logrando la independencia del Procurador, a la vez se podrá obtener la despolitización del Ministerio Público en su composición general, ya que el Consejo del Ministerio Público dejaría de estar bajo el control del Poder Ejecutivo, agregó.

“En adición a la designación del Procurador, el Consejo designaría dos de los procuradores adjuntos, quedando la escogencia de los otros restantes en la manos del propio procurador.

Consideró que la desvinculación de la Procuraduría General de la República del Poder Ejecutivo requerirá substraer de su esfera algunas de sus competencias actuales que son propias del Poder Ejecutivo y asignarlas a lo que podría ser un nuevo Ministerio de Justicia.

Dijo que el Ministerio de Justicia sería responsable de la política criminal del Estado, de la supervisión del sistema penitenciario; de ejercer la representación en justicia del Estado; actuar como el órgano de adscripción de la representación jurídica ante los tribunales contenciosos administrativos; supervisar el ejercicio de la profesión de abogado; coordinar el servicio de defensa pública, y representar al Estado ante organismos internacionales y de cooperación judicial, entre otras funciones de importancia.

CNM y la Suprema Corte de Justicia

En esta ola de reformas visualizadas por Abinader en el sector justicia define como imprescindible modificar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura con la finalidad de minimizar la influencia del Presidente de turno sobre el mismo y crear una mayor pluralidad en su estructura orgánica.

Dijo que su propuesta en este sentido va dirigida en dos aspectos:

1) la eliminación del Procurador General de la República como miembro del Consejo, “con lo cual recuperaríamos la composición inicial del organismo compuesto por siete miembros y así se evitaría el voto de desempate o doble voto que posee el Presidente de la República en los casos en los cuales exista un empate en las votaciones”

2) la sustitución como miembro del Consejo del segundo juez de la Suprema Corte de Justicia por la del presidente del Tribunal Constitucional, “con lo cual lograríamos mayor pluralidad en la conformación del órgano y reconoceríamos la importancia que reviste para el sistema de justicia el presidente de nuestro mayor intérprete de la Constitución”, expresa en su mensaje.

Abinader dijo entender que uno de los mayores retos para la real independencia del Poder Judicial es lograr que los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia no dependan del poder político, no sólo para su designación sino, más importante, para el mantenimiento de estos en el cargo.

En este punto considera que el artículo 180 de la Constitución, que eliminó la inamovilidad de los jueces supremos por una designación de siete años con una posible ratificación por el mismo período luego de una evaluación a ser realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura, es una distorsión de la independencia del Poder Judicial y una disposición que provoca que los jueces de esa Alta Corte se mantengan con altos grados de servilismo o vinculación con el poder político con la finalidad de poder ser ratificados al momento de la evaluación, la cual, es evidente, carece de objetividad y de criterio científico profesional.

Diario Libre

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