Cuestionan designación de Wilfredo Lozano en el Instituto de Migración. ¿A qué se dedica esa dependencia?
Lozano es un destacado sociólogo, ensayista y poeta que dirige el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales (CIES) de la Universidad Iberoamericana
Ha cuestionado fuertemente la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional
El nombramiento del sociólogo Wilfredo Lozano como director del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana ha generado rechazo en gran parte de la población tuitera, luego de que se dieran a conocer sus posiciones respecto al tema de la migración haitiana en el país y en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13.
Lozano es un destacado sociólogo, ensayista y poeta que dirige el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales (CIES) de la Universidad Iberoamericana y es coordinador académico del Programa de Formación y Gerencia Política que promueven la Universidad Iberoamericana y el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, sin embargo sus puntos de vista sobre la migración haitiana en la República Dominicana lo han puesto en los reflectores tras su nombramiento, lo que le ha ganado que se le señale como prohaitiano o antinacionalista.
En fecha del 18 de diciembre de 2013, Lozano sostuvo en el artículo Exclusión, despojo ciudadano e inmigración, publicado en el periódico Acento, que “la Sentencia No. 168-13 del Tribunal Constitucional, mediante la cual se pretende despojar de la nacionalidad a miles de dominicanos hijos de inmigrantes en situación irregular, no es un producto casual ni aislado, es el resultado de una larga cadena de exclusiones sociales del sistema inmigratorio de mano de obra haitiana, creado en el país desde principios del siglo XX”.
Lozano escribió también que la sentencia 168-13 “atropella al Estado de derecho –los derechos de los descendientes de inmigrantes irregulares en materia de nacionalidad”. A continuación, el párrafo íntegro:
“En este asunto todo indica que aquí se trata de un grosero sainete: en el país, para que se tomen importantes decisiones, que casi siempre involucran algún tipo de violación al Estado de derecho, se requiere una crisis. Lamentablemente, este método por lo general acarrea injusticias y atropellos. La sentencia 168-13 es un formidable ejemplo: en lo aparente, deseando corregir un problema sempiterno –la inmigración irregular- se atropella al Estado de derecho –los derechos de los descendientes de inmigrantes irregulares en materia de nacionalidad. No puede pensarse que en este asunto gravita simplemente el error. Lo que produce este tipo de resultados es una cultura política autoritaria e intolerante, tamizada en muchos casos por el racismo de funcionarios y grupos políticos y una clara situación histórica de exclusión generalizada sobre grupos muy vulnerables, que hacen del Estado de derecho un simple discurso hueco, carente de contenido”.