Poder Ejecutivo busca modificar contratos vigentes del Estado que se firmaron antes del 2006

El Poder Ejecutivo depositó en el Senado un proyecto de ley que busca modificar, renovar y regular varios contratos concesionarios entre el Estado y el sector privado que se firmaron antes del 2006, cuando se promulgó la Ley de Compras y Contrataciones.

Según explicó el presidente Luis Abinader en una carta enviada al Senado, la ley de Alianzas Público-Privadas, promulgada en el 2020, derogó todos los artículos de la Ley de Contrataciones que estaban relacionados con los contratos de concesión y destaca que aún en la actualidad existen contratos que están vigentes desde antes del 2006, cuando no existía un marco normativo que regulara la gestión y modificación de los convenios.

El artículo cuatro del proyecto de ley establece que todos los contratos podrán ser renovados siempre que las modificaciones sean para la correcta ejecución de la concesión, que se mantenga la parte esencial del objetivo y que el Estado sea retribuido de forma equitativa por los beneficios que genere la renovación.

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Asimismo, la pieza dispone que los acuerdos podrán ser renovados única vez y sólo en la medida que los propios contratos contemplen la posibilidad de cambios.

Modificar contratos

En caso de que algún contrato firmado antes del 2006 requiera algún cambio, la modificación será facultad exclusiva de la administración pública, además de que la intención de modificación debe ser presentada por escrito en conjunto con estudios y análisis técnicos.

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También, el artículo nueve del proyecto apunta que todas las modificaciones a contratos deberán ser aprobadas en el Congreso Nacional porque posiblemente conlleven nuevos endeudamientos, enajenación de bienes del Estado o afectación de las rentas nacionales.

Ley transitoria

La iniciativa que depositó el Poder Ejecutivo en el Senado tiene un carácter transitorio ya que su objetivo es regir las modificaciones o renovaciones de contratos suscritos previo a la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, por lo que su efecto tendrá un plazo de tres años después de su entrada en vigor.  

"Con la eventual aprobación de la pieza no sólo se llena un vacío normativo, sino que también el Estado dominicano seguirá dando señales de fortalecimiento de la seguridad jurídica", sostiene Abinader en su misiva.

Ismael Hiraldo

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Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.