Connie Mack defiende derecho de Donald Guerrero a contratarlo
El lobista revela que el exministro de Hacienda es residente legal de Estados Unidos
Diario Libre
El lobista y exlegislador republicano, Connie Mack, defendió el viernes el derecho de Donald Guerrero de contratar sus servicios de asesoría para proteger sus intereses y “asegurar el cumplimiento del debido proceso” que se sigue en el caso Calamar.
“Como residente permanente (de los Estados Unidos) y hombre de negocios exitoso con una reputación impecable en los Estados Unidos, es su derecho buscar asesoría y asegurarse de que la administración de Biden esté al tanto de las circunstancias que rodean el patrón de violaciones de derechos humanos en su caso”, alegó Mack a través de un breve comunicado enviado a Diario Libre.
El Gobierno de la República Dominicana advirtió a través de una carta enviada a la dirección de Diario Libre que la intención de Guerrero al contratar a Mack IV tenía como "objetivo expreso de atacar de manera directa a la figura del presidente de la República, Luis Abinader".
Esa estrategia de ataques, indica Palacio, incluye también "a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y a la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso", señaló el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa.
En su comunicado, Mack alega que Guerrero se encuentra bajo prisión preventiva “con la excusa infundada” de que su cargo anterior como Ministro de Hacienda podría afectar una investigación de tres años que “ha violado los estándares más básicos de justicia penal dominicana, estadounidense e internacional”.
“Nuestro único objetivo es garantizar un proceso justo para el señor Guerrero y la escandalosa afirmación de que esto es “desestabilizador” es exactamente la razón por la que seguiré documentando su detención infundada”, concluyó el ex legislador.
Guerrero guarda prisión preventiva por las imputaciones en el caso Calamar, en el que el Ministerio Pública alega que se sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas, totalizan más de 19 mil millones.
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