Juicio político a Pleno de la Cámara de Cuentas genera debates entre senadores
En los últimos meses el órgano se ha visto envuelto en varios escándalos
La posibilidad de someter a un juicio político a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas acaparó los turnos de ponencia de los legisladores durante la sesión de este miércoles en el Senado de la República.
La discusión inició cuando el senador y vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yvan Lorenzo, acusó al Gobierno de "dañar y destruir todo", debido a que en el hemiciclo no se ha aprobado el abrir una investigación para "subsanar" la problemática a lo interno de órgano fiscalizador.
El legislador presentó un video de unas declaraciones donde Janel Andrés Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, dijo que "era un preso de confianza" lo que Lorenzo destacó como una "vergüenza" que no se haya interrogado al funcionario, aunque se haya iniciado un proceso de investigación en su contra.
"Por eso yo planteaba en su momento que lo investiguemos, yo no voy a plantear en este hemiciclo lo que hizo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el pasado de que lo interpelemos porque eso no es procedente el interpelar un órgano extrapoder, yo lo que estoy planteando es que se cree una comisión para que se investigue", fue el pedimento de Lorenzo.
Alegó en que en los dos años que lleva el Pleno de la Cámara de Cuenta solo se han auditado cinco "chinchorrutos" del Gobierno de Luis Abinader lo que catalogó como una vergüenza.
El legislador sometió una resolución para invitar al Pleno de la Cámara de Cuentas a que asista al Congreso Nacional para que explique las situaciones de irregularidades en el órgano, la cual fue rechazada.
Las respuestas de los perremístas no se hicieron esperar y, en ese sentido, la senadora Ginette Bournigal calificó los conflictos en la Cámara de Cuentas como "muy delicados" y opinó que todos los miembros del órgano debieron renunciar cuando se hizo pública una carta en la que se acusaba a Janel Andrés Ramírez de supuesto acoso laboral.
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En ese sentido, dijo que la Cámara de Diputados debe iniciar "rápidamente" una investigación contra los funcionarios ya que "la alta responsabilidad" recae sobre la Cámara Baja por su nivel de representatividad.
Como respuesta, el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Dionis Sánchez, precisó que es "una irresponsabilidad" de los legisladores oficialistas dejar todo el trabajo de un juicio político a la Cámara de Diputados, ya que el artículo 94 de la Constitución también faculta a la Cámara Alta a realizar las indagatorias.
En ese orden, hizo la propuesta de que los miembros de la Cámara de Cuentas sean interrogados por la Comisión de Justicia para que el Senado "no eluda su responsabilidad", pero su pedimento fue rechazado con 18 votos en contra.
La también senadora del PRM Faride Raful, indicó estar a favor de un juicio político para los funcionarios, siempre que haya argumentos válidos para la investigación y respaldó su inhabilitación absoluta por 10 años, si se confirman faltas graves.
En ese sentido, mostró su desacuerdo con una posible renuncia de los miembros titulares porque "primero ellos tienen que venir aquí a explicar la situación".
"Yo quiero consecuencias y hago un llamado a la Cámara de Diputados para que abra un juicio político", puntualizó la senadora del Distrito Nacional al decir que en la Cámara de Cuentas hay una "catarsis".
Rogelio Genao, senador del Partido Reformistas Social Cristiano (PRSC), indicó que en los últimos tiempos el marco legal que sirve de base a la Cámara de Cuentas le ha generado un problema concurrente, recurrente y constante de gobernabilidad al interior del Pleno de ese órgano fiscalizador.
Calificó lo que sucede actualmente en la Cámara de Cuentas como una especie de "programa de la guerra de los sexos", donde hay un "tres para dos" que impide que ese órgano haga su rol.
Aseguró que la Cámara de Diputados debe ser el ente encargado de dar el paso para investigar a la Cámara de Cuentas y exhortó a la Cámara Baja qué inicie el proceso de investigación para establecer méritos o no de un enjuiciamiento políticos al pleno de ese órgano.