Finjus también acude a Cámara de Diputados por proyectos pendientes de aprobación

Así como hizo hace dos semanas en el Senado, el vicepresidente de la Fundación Institucional y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, acudió este miércoles al despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para manifestar su preocupación por varios proyectos de ley pendientes y que, considera, deben ser conocidos con carácter de urgencia en la primera legislatura que comienza este domingo 27 de febrero.

Finjus depositó una carta en la Cámara Baja donde enlista los anteproyectos, proyectos y/o iniciativas legislativas pendientes en materia de seguridad ciudadana, institucionalidad democrática y sistema de justicia.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, Finjus dijo que urge la aprobación de la Ley Orgánica del Ministerio de Interior y Policía y de la 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Para robustecer el sistema de Justicia, el organismo citó la reforma del Código Penal, una nueva Ley General de Contrataciones Públicas, leyes sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales y la reforma de la Ley 140-15, que regula el Notariado dominicano.

Dentro de sus motivaciones, Finjus indicó que el actual “Código Penal Dominicano se encuentra desfasado y constituye un obstáculo a la persecución del crimen en nuestro país en desmedro de la seguridad ciudadana”.

En el mismo tenor opinó sobre la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones: “Ha sido una herramienta insuficiente para reforzar las tareas de prevenir, investigar y sancionar a quienes de manera sistemática han defraudado al Estado y al pueblo enriqueciéndose con los fondos públicos”.

En materia de la institucionalidad democrática, por la serie de debilidades observadas en el pasado proceso eleccionario, Finjus recomendó la revisión de las leyes de Régimen Electoral y Partidos Políticos para superar los obstáculos que de ellas derivan.

Precisó que deben adecuarse las tipologías de los delitos electorales, así como también de los propios períodos electorales y fortalecer la equidad entre los partidos y agrupaciones que orbitan dentro del sistema político.

Finjus citó, además, la reforma a la Ley 29-11 Orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE) e indicó que deben revisarse de manera puntual la competencia y atribuciones de este órgano jurisdiccional.

“Se hace necesario adecuar la norma que rige la actuación del Tribunal Superior Electoral para que así responda de manera integral al contenido constitucional que lo configura como el “órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos políticos, agrupaciones, movimientos políticos o entre éstos”.

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Otras leyes que merecen la prioridad de la agenda legislativa, según Finjus, son la de Publicidad y Comunicación Estatal (para crear un marco regulador sobre el mercado publicitario del sector privado), la de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (para sanear y transparentar las finanzas públicas), de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social, de Fiscalización y Control del Congreso Nacional y una regulación del indulto.

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