Intercambios de disparos bajo cuestionamiento: las voces que exigen respuestas al Gobierno
La ministra de Interior y Policía defiende la actuación de la Policía Nacional, mientras crecen las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza
Yari Tapia
Las muertes de ciudadanos durante intervenciones de la Policía Nacional, presentadas por las autoridades como "intercambios de disparos", han provocado pronunciamientos de autoridades eclesiales, organizaciones comunitarias, entidades de derechos humanos, gremios de abogados, juristas y partidos políticos, que cuestionan el uso de la fuerza letal y reclaman que se esclarezcan las circunstancias de cada fallecimiento.
Las demandas, que cobraron fuerza entre septiembre y octubre de este año, van desde llamados al presidente Luis Abinader para detener estas actuaciones, hasta acciones legales ante la Procuraduría General de la República (PGR). También, solicitudes para que el Congreso Nacional interpele a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.
Los sectores que han fijado posición coinciden en la necesidad de garantizar el derecho a la vida y el debido proceso, aunque han utilizado diferentes mecanismos para expresar sus preocupaciones y exigir respuestas de las autoridades.
La Iglesia llama a preservar la vida
El 28 de octubre, monseñor Andrés Amauri Rosario, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, llamó a preservar la vida humana.
Rosario reconoció las dificultades que enfrentan los agentes durante la persecución de delitos, pero pidió mejorar su formación y evitar que las muertes se conviertan en una respuesta habitual frente a la criminalidad.
El 19 de octubre, la comunidad salesiana de Villa Juana, en el Distrito Nacional, cuestionó las muertes registradas durante los supuestos enfrentamientos policiales. El sacerdote Ronny Estefan, párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, sostuvo que eliminar físicamente a personas acusadas de delitos no resuelve los problemas de inseguridad.
El 24 de septiembre, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, entonces arzobispo coadjutor de Santo Domingo rechazó que la delincuencia se enfrente mediante la eliminación de personas. "Resolver los problemas eliminando personas, eso no es la solución", dijo durante una entrevista en el programa El Despertador, de Noticias SIN.
Codue pidió investigar las muertes
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) pidió investigaciones independientes que permitan esclarecer las circunstancias de cada fallecimiento.
El 30 de septiembre, su presidente, el pastor Feliciano Lacen Custodio, sostuvo que los casos deben investigarse de manera oportuna y transparente para establecer posibles responsabilidades.
Lacen planteó que la lucha contra la delincuencia debe combinar la prevención del delito, el patrullaje efectivo, la profesionalización de los agentes y una persecución penal que respete el debido proceso y los derechos fundamentales.
Participación Ciudadana y Finjus piden controles
El 30 de septiembre, Participación Ciudadana rechazó los supuestos intercambios de disparos y cuestionó que estas actuaciones sean utilizadas como respuesta a la delincuencia.
La organización consideró que las muertes durante intervenciones policiales pueden debilitar los esfuerzos de reforma de la institución y reclamó investigaciones independientes.
También pidió examinar las armas presuntamente utilizadas por los fallecidos, con el propósito de comprobar si existieron enfrentamientos armados y evitar que posibles actuaciones ilegales queden sin sanción.
El 1 de octubre, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), señaló que la luchar contra la criminalidad no justifica las ejecuciones extrajudiciales y recordó que el uso de la fuerza debe ser necesario y proporcional a la amenaza que enfrentan los agentes.
Castaños Guzmán reconoció que los policías necesitan respaldo legal para proteger a la ciudadanía y garantizar su propia seguridad, pero insistió en la importancia de establecer controles sobre sus actuaciones.
Organizaciones comunitarias piden investigar
El pasado 20 de septiembre, la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Acadisando), solicitaron al presidente Abinader exhortar a la Policía Nacional a respetar los derechos humanos durante sus actuaciones.
Las organizaciones reclamaron que los casos en los que existan sospechas de abusos policiales sean remitidos al Ministerio Público para determinar las circunstancias de los fallecimientos y establecer posibles responsabilidades.
En su pronunciamiento, citaron 172 jóvenes muertos en supuestos intercambios de disparos, según sus propios registros.
Pide un "alto al fuego"
El 1 de octubre, el Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP), a través del abogado Cándido Simón, solicitó al presidente Abinader disponer un "alto al fuego" ante las muertes ocurridas durante operativos policiales.
Simón sostuvo que la Policía tiene la facultad de identificar y detener a las personas señaladas por delitos, pero "no de matarlas". También cuestionó la falta de videos que permitan comprobar las circunstancias de los supuestos enfrentamientos y reclamó investigaciones independientes.
En el mismo pronunciamiento, el abogado Manuel Sierra recordó que la pena de muerte no está instituida en el país y pidió transparencia sobre los protocolos policiales.
Luego, el 21 de octubre, los abogados Carlos Balcácer y Simón, junto a otros juristas, presentaron una querella contra el director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, por considerar que habría inducido muertes de jóvenes señalados como presuntos delincuentes.
La acción también incluyó a oficiales de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim). Los abogados reclamaron la intervención del Ministerio Público y advirtieron que acudirían ante un juez si no recibían una respuesta de la Fiscalía.
Denuncia Comisión de los Derechos Humanos
El 8 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia sobre las muertes ocurridas durante intervenciones de agentes policiales, algunas de las cuales considera que podrían corresponder a ejecuciones extrajudiciales.
En el documento, fechado el 2 de octubre, la organización solicitó que cada fallecimiento sea sometido a una investigación independiente, imparcial y científica.
La CNDH-RD afirmó que había documentado aproximadamente 205 muertes que registra como presuntas ejecuciones extrajudiciales durante 2026. También pidió que se realicen peritajes forenses, balísticos y criminalísticos para esclarecer las circunstancias de los casos.
La entidad aclaró que no sostiene que todas las personas fallecidas durante intervenciones policiales hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, sino que corresponde a investigaciones independientes determinar si el uso de la fuerza fue legítimo, necesario y proporcional.
Solicitan investigaciones independientes
El 12 octubre, siete abogados, encabezados por Carlos Balcácer, depositaron una instancia ante la Procuraduría General de la República para solicitar una investigación inmediata e independiente sobre al menos 47 muertes de jóvenes durante operativos policiales.
Los juristas cuestionaron que los fallecimientos fueran presentados como actuaciones legales o intercambios de disparos sin una investigación independiente previa del Ministerio Público.
Balcácer advirtió que, si no recibían una respuesta a la solicitud, presentarían una querella contra el director de la Policía Nacional.
Juristas de la UASD reclaman intervención del Ministerio Público
El 13 de octubre, juristas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) pidieron al Ministerio Público investigar las muertes registradas desde septiembre en hechos descritos por las autoridades como supuestos intercambios de disparos.
Durante un foro sobre seguridad ciudadana, los abogados cuestionaron las circunstancias de los fallecimientos y reclamaron evidencias que permitan determinar si las actuaciones policiales se ajustaron a los procedimientos legales.
Entre los participantes estuvieron los juristas John Garrido, Carlos Mesa y José Manuel Mesa, quienes insistieron en la necesidad de esclarecer cada caso y establecer posibles responsabilidades.
Rechaza sustituir la justicia por la muerte
El 25 de septiembre, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, sostuvo que la privación de la vida no puede sustituir una condena judicial y defendió el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el sistema de justicia.
Consideró que corresponde a la Policía investigar los delitos, al Ministerio Público presentar las acusaciones y a los jueces determinar la responsabilidad penal.
También advirtió que la muerte de personas vinculadas con estructuras criminales puede impedir obtener información útil para identificar a otros integrantes de esas organizaciones.
PLD pide interpelar a Faride Raful y al director policial
El 19 de octubre, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de su vicepresidente, Temístocles Montás, solicitó al Congreso Nacional interpelar a la ministra de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional.
La organización reclamó explicaciones sobre las muertes durante intervenciones policiales y cuestionó la falta de información pública sobre las investigaciones realizadas por el Ministerio Público.
En ese contexto, Montás citó 55 muertes registradas durante septiembre, según cifras difundidas en la prensa, y pidió estadísticas transparentes, supervisión externa de los operativos y protección para testigos y familiares de las víctimas.
Fuerza del Pueblo también cuestiona las muertes
El 1 de octubre, César Fernández, miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, rechazó las muertes durante los supuestos intercambios de disparos.
El dirigente sostuvo que las personas perseguidas por la comisión de delitos deben ser detenidas y sometidas a la justicia.
Durante una entrevista televisiva, reconoció que este tipo de actuaciones también se produjeron durante gobiernos anteriores, pero consideró que esos antecedentes no las justifican.
Fernández reclamó investigaciones sobre las circunstancias de los hechos y el respeto a los procedimientos establecidos por la Constitución.
El 30 de septiembre, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, había negado que los denominados intercambios de disparos constituyan una política de Estado.
La funcionaria sostuvo que la reforma policial establece como prioridades la preservación de los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza. También indicó que las actuaciones de los agentes deben ser revisadas por la Inspectoría General y la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional.
Raful defendió que durante muchos operativos los agentes son recibidos con disparos y no con personas que se entregan voluntariamente.
Las cifras de las muertes
Los reclamos de estos sectores se producen en medio de una sucesión de fallecimientos durante intervenciones policiales.
Un análisis publicado por Diario Libre el 30 de octubre documentó que 104 jóvenes perdieron la vida en 45 días, entre el 9 de septiembre y el 29 de octubre, en incidentes reportados por la Policía Nacional como intercambios de disparos.
El levantamiento identificó cinco días sin fallecimientos durante ese período y registró una jornada, el 25 de septiembre, en la que murieron siete personas. También encontró una racha de 17 días consecutivos con al menos una muerte reportada.
El reportaje incluyó una fotogalería con 50 víctimas y una base de datos interactiva con fichas individuales de los 104 fallecidos, sus fechas y lugares de muerte, así como los delitos que les atribuye la Policía.
Un balance publicado por Diario Libre el 3 de noviembre contabilizó al menos 107 muertes durante intervenciones policiales entre septiembre y octubre: 55 en septiembre y 52 en octubre.
La publicación también reportó otros siete fallecimientos ocurridos entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, que corresponden a un período posterior al corte de esos dos meses.
Yari TapiaPeriodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.