Dekolor y sus socios, con prácticas muy cuestionadas

La empresa Dekolor, incluida como fiadora solidaria e indivisible de la empresa Transcore Latam, ganadora del anulado contrato de los semáforos inteligentes para el Gran Santo Domingo, ha sido blanco de varios cuestionamientos. Igual sus socios, quienes han tenido que enfrentar acusaciones dentro y fuera de República Dominicana.

La empresa tiene a su cargo el servicio de emisión de licencias de conducir gracias a un contrato arribado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la misma entidad que licitó los referidos semáforos.

Dekolor, según su registro mercantil, tiene como socios a OML Inversiones, SRL., bajo la representación de José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y a la Fundación RG5 representada por Rogelio Ramón Oruña Aguilar. Ambos son socios a partes iguales, cada uno con 300,000 cuotas sociales de la empresa, según acta de la asamblea de enero de este 2023.

Justo durante la contratación para la expedición de la licencia, en el año 2005, se cuestionó el proceso de selección de esta empresa, porque no hubo una licitación, sino un estudio de propuesta, según explicó entonces el Ministerio de Obras Públicas, que realizó el procedimiento.

Uno de los que presentaron proyectos, la empresa británica De La Rue, alegó que su oferta tenía un costo menor al seleccionado. Dos años después, la empresa mexicana Cosmocolor, que fue presentada como matriz de Dekolor, negó la vinculación con ellos, durante una entrevista de sus ejecutivos a Diario Libre.

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Las críticas a Dekolor, que para entonces contaba entre sus socios a Oruña Aguilar, volvieron a surgir en 2015, cuando abogados dominicanos cuestionaron al entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, por haber realizado varias modificaciones al contrato sin cumplir, supuestamente, con el debido proceso de ley.

Para la pandemia del COVID-19, Dekolor volvió a resaltar por un proceso de compra de termómetros corporales que, mediante trámite de urgencia y emergencia, abrió el Ministerio de Defensa. De acuerdo con reportes periodísticos, los equipos habrían estado sobrevaluados. El Ministerio de Defensa canceló el proceso de compra, alegando debilidades administrativas.

Acusaciones anteriores

Oruña Aguilar fue vinculado en Panamá a un escándalo por unos contratos para la construcción de cárceles y un centro de salud en el que supuestamente se habría pagado sobornos e involucraba al propio presidente de entonces de ese país, Ricardo Martinelli.

El nombre del empresario cubano-estadounidense también saltó a los medios nacionales por el hallazgo de un dinero en una residencia suya, en el Este del país.

Mientras, Jochy Gómez ha sido vinculado al ciberdelito. En 2019, tras las primarias para escoger al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el expresidente de la República Leonel Fernández pidió una auditoría forense al software utilizado en el proceso, por entender que había sido alterado para variar los resultados de la votación. Luego, dirigentes vinculados a su corriente dentro de la organización acusaron públicamente a Gómez de ser quien manipuló dichos resultados.

En julio de 2012, varios políticos y empresarios dominicanos se querellaron contra Gómez Canaán por supuesto robo de identidad y hackeo a cuentas electrónicas, un caso que fue declarado extinto penalmente un año después.

Lo nuevo

Al dar detalles ayer sobre la anulación del contrato de los semáforos, el director de la DGCP, Carlos Pimentel, dijo que en el curso de la investigación al proceso de licitación y sobre la empresa adjudicataria, pudieron identificar un entramado societario "con estructuras empresariales complejas, con signos de aparente utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final".  

Señaló que ese tipo de fenómeno apunta a prácticas que buscan "ocultar la identidad de la persona o entidad que se beneficia finalmente".

Tania Molina

Es periodista en Diario Libre.