Abinader dispone extradición de rumano condenado por delito electrónico y lavado de activos
El extraditado fue identificado como Cristian Baicu
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ordenó este jueves la extradición de un ciudadano rumano solicitado por el Gobierno de Rumanía para que concluya el cumplimiento de la pena que se le dictó por delito de alta tecnología y lavado de activos, delitos cometidoe en 2011.
Según una nota de la Presidencia, el jefe de Estado dispuso la deportación mediante el decreto número 510-23.
El extraditado fue identificado como Cristian Baicu. Rumanía lo había solicitado a través de su embajada mediante las notas diplomática números 663 y 664, del 8 de abril de 2019.
“La petición fue atendida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que consideró que la solicitud de extradición fue regular y válida en cuanto a la forma y al fondo”, explicó la nota de la Presidencia.
Esto se hizo con el propósito de que cumpla una pena de 4 años de prisión y 2 años de inhabilitación para el ejercicio de ciertos derechos, de acuerdo con la pena complementaria que le faltaba por cumplir de varias condenas emitidas por el Tribunal de Dolj, Rumanía.
Asimismo, señaló que “la extradición se fundamenta en una sentencia condenatoria emitida por la Corte de Apelación de Craiova el 11 de abril de 2014”.
Agregó: “Cristian Baicu fue hallado culpable de formar parte de una organización delictiva internacional que constituyó en 2011, cuyo objetivo era cometer delitos relacionados con sistemas y redes informáticas, así como el lavado de capitales”.
De acuerdo con la Presidencia, las actividades delictivas de la organización implicaban la obtención de tecnología que permitiera leer y copiar información encriptada que estuviera almacenada en los chips de tarjetas bancarias, incluyendo datos de identificación y claves secretas personales.
El mandatario ha dispuesto la entrega en extradición bajo la condición de que el ciudadano rumano no sea juzgado por una infracción diferente a la que motiva su extradición, ni se le aplique una pena mayor a la máxima establecida en la República Dominicana.