Certificaciones y préstamos falsos para fraude en Coop-Herrera
Ministerio Público dice se creó estructura delincuencial al servicio del administrador general Jorge Eligio Méndez
Tania Molina
A lo interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, INC, (Coop-Herrera) se creó una estructura delincuencial que, entre otras cosas, simuló inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos, para aparentar crecimiento y solidez de la entidad, de acuerdo con lo que plantea el Ministerio Público.
La investigación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (DIGEPEM) y que llevó al apresamiento de siete personas, incluidos los principales ejecutivos de la cooperativa, en la denominada Operación Búho, determinó además que con los fondos que se sustrajeron a los socios, por un monto superior a los 2,500 millones de pesos, los imputados adquirieron múltiples bienes de lujo.
El pasado sábado se presentó la solicitud de medidas de coerción contra los detenidos. Ellos son Jorge Eligio Méndez, exadministrador general, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea Juan, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya. La solicitud deberá conocerse este lunes.
De acuerdo con esta, la estructura creada respondía “de forma exclusiva al presidente de la cooperativa, quien luego se convirtió en administrador general, colocando en el consejo de administración, gerencia de crédito, gerencia general, auditoria y las distintas áreas administrativas, a familiares y personas de extrema confianza que le permitían manejar los fondos de los socios como si fuera un patrimonio propio”.
El documento describe que, en 2018, se hizo una reestructuración de la organización administrativa de Coop-Herrera, en la que se le otorgó al cargo de administrador general la máxima autoridad dentro de la entidad.
“Crecimiento”
“A partir de esta transformación, la cooperativa experimentó un supuesto notable crecimiento en sus activos, presentando incrementos que podrían considerarse extraordinarios con relación a su historia previa”, se lee en la solicitud de medidas.
Agrega que con esas maniobras se ocultaba el fraude financiero, al tiempo que daban una apariencia de solidez, para de esa forma continuar captando capitales y haciendo crecer la cartera de socios.
Según el documento, en 2018 se formó una asociación de malhechores entre los imputados Méndez Pérez y Santana Borsilea. A este último se le habrían aprobado préstamos sin sustento para ello, al punto tal que los directivos del Comité de Crédito de la entidad quedaron sin funciones, luego de negarse a aprobarle un crédito.
A Santana Borsilea le eran otorgados préstamos a título personal y comercial, cuya garantía eran amparadas por coletillas y certificados de títulos de propiedad de terrenos, con una descripción recurrente: “Parcela 7, Distrito Catastral 1, Cumayasa San Pedro de Macorís”, supuestamente otorgados por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Parcela no existe
“Sin embargo, la investigación ha podido confirmar que en dicha institución del Estado no existen documentos o registros de títulos de las parcelas indicadas, mucho menos a nombre de Gabriel Santana Borsilea. Lo anterior evidencia el uso de documentos falsos para justificar los préstamos”.
El ministerio público dice que pudo identificar un total de 119 personas físicas y jurídicas vinculadas a Santana Borsilea, que supuestamente fueron utilizadas para simular préstamos, crear supuestas aportaciones y certificados a plazos que generaban intereses que eran retirados por la estructura criminal.
Entre ellas figura una señora cuyo trabajo era de conserje, con un salario de 12,000 pesos al mes, pero que tiene a su nombre un Mercedes Benz de 2017.
La solicitud indica que los créditos falsos se desembolsaban en las cuentas de los socios que participaban en la estructura criminal y que con estos simulaban la apertura de certificados financieros a plazos (sin respaldo económico), los cuales generaban intereses que eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que participaban en la red.
Señala que los imputados falsificaron certificados de depósitos a plazo fijo para poder reflejar una liquidez ficticia y que, utilizando documentos falsos como garantías, se hicieron beneficiarios de préstamos millonarios. Estos no fueron pagados y el dinero fue sustraído de los fondos de los ahorrantes.
Afirma que hasta aceptaban cheques sin fondos y mantenían constante el saldo registrado en caja y bóveda, independientemente de si tenían o no el dinero en efectivo.
El PM pide declarar el caso complejo y 18 meses de prisión preventiva para los imputados.
De acuerdo con la solicitud de medidas, los implicados en la Operación Búho adquirieron bienes suntuosos como villas, vehículos de alta gama, yates, apartamentos, terrenos, y, como método de pago, usaban certificados financieros desprovistos de garantía o sin respaldo colateral.
En el documento se describen varias propiedades por valor superior a los 8 millones de dólares que fueron adquiridas a empresas del Grupo Vargas Maldonado.
El ministerio público sostiene que los bienes adquiridos “con el dinero de los socios” eran colocados a nombre de empresas y de terceras personas, cercanas a los miembros de la estructura criminal. Indica que, con el fin de blanquear los capitales y bienes adquiridos, la red criminal diversificó distintas actividades económicas, adquiriendo programas de radio, agencias de viajes y negociando la adquisición de acciones en bancos múltiples.
Tania MolinaEs periodista en Diario Libre.
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