Muertos que “daban poder” y abogados especialistas, en Operación Calamar
Según el Ministerio Público, la estructura que se gestó a través de Fernando Crisóstomo y César Rivas, en Bienes Nacionales, distrajo más de 10,000 millones de pesos
Tania Molina
Para cometer los ilícitos que le atribuye el Ministerio Público, la supuesta estructura de corrupción que se describe en la Operación Calamar habría orquestado un esquema para distraer fondos públicos que implicó falsear documentos, excluir herederos y hasta poner a firmar a los muertos.
Además de los funcionarios públicos que habrían actuado en el esquema, su operatividad también contó con la participación de abogados especializados en la gestión de cobros al Estado dominicano, el que habría sido desfalcado con más de 19,000 millones de pesos, conforme plantea la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Los exministros Donald Guerrero (de Hacienda), Gonzalo Castillo (Obras Públicas) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) encabezan la lista de las 20 personas detenidas hasta el momento en la Operación Calamar, a las que se les debe conocer medidas de coerción el próximo domingo.
En la solicitud de medida que hace la Pepca se indica que, ante la necesidad de recursos para financiar las campañas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entonces, en el Gobierno, la estructura ideó darle salida de expedientes de expropiación de terrenos que tenían años.
Asegura que Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, ante un señalamiento que le hizo Donald Guerrero, le indicó a Fernando Crisóstomo que tenía los expedientes a través de los cuales se podían adquirir los fondos públicos.
A Fernando Crisóstomo lo define como alguien que se dedicaba al cobro de deuda administrativa y quien asumió la responsabilidad de captar e identificar casos que pudieran servir de base para hacer reclamos de pagos, en particular de obligaciones económicas contraídas por el Estado por expropiaciones de inmuebles o adquisiciones de terrenos a través de la Dirección General de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Afirma que la estructura manejada por Crisóstomo distrajo RD$10, 067.7 millones.
¿Acuerdo con una difunta?
El relato empieza con la compra en 1956 de unos terrenos de parte del Estado a los señores Carmen Peña Batlle, Osvaldo J. Peña Batlle y Noemí Peña Vda. Mella. Eran unos 55,969 metros cuadrados dentro del inmueble parcela núm. 613, del Distrito Catastral # 32, que son parte de las tierras del Aeropuerto Internacional de las Américas.
Tras una litis por derechos de herederos, se amplió la propiedad de los mismos a otras personas, incluido el señor Agustín Reyes O Ben, con cuyos sucesores, el fenecido Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales, acordó, en febrero de 2019, pagar la suma de RD$515.3 millones.
El pago se haría en efectivo en dos partidas, una de RD$266,000,000.00, a la firma del contrato, y el otro por el saldo, en el segundo trimestre del año. Según la Pepca, casi la mitad de los fondos públicos entregados a los sucesores de Agustín Reyes O Ben terminaron en manos de cesionarios por concepto de supuestos préstamos.
Cita los casos específicos de la Constructora Ovajor, S.R.L., que fue favorecida con RD$111,786,958 y la entidad Vectra Consulting, S.R.L., que recibió RD$91,955, 598. Esas empresas, asegura el Ministerio Público, pertenecen a la estructura de Fernando Crisóstomo, a través de los prestanombres José Andrés Familia y Efraín Santiago Báez Fajardo.
También cita los casos del imputado Ángel Gilberto Lockward Mella que, tanto a título personal como a través de la razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., y de abogados asociados a su firma, se habría beneficiado con RD$ 66,521,194. entre honorarios y cesiones de créditos por concepto de préstamos.
Pero la Pepca llama la atención sobre el hecho de que, en el acuerdo transaccional de 2019 entre Bienes Nacionales y los sucesores de Agustín Reyes O Ben, hubo irregularidades y maniobras fraudulentas, como la representación de personas que no fueron parte del acuerdo original y que, sin mandato o poder de representación, se procedió a otorgar cesiones de créditos a favor de algunos de los imputados.
“Este es el caso de la fenecida Delia Reyes Escoto, quien en el acuerdo transaccional de fecha seis (06) de febrero del año 2019, no figuró como parte suscribiente ni representada, sin embargo, en el adendum de contrato del referido acuerdo, de fecha dieciséis (16) de octubre del año 2019, figura representada por la señora Isabel Reyes, siendo materialmente imposible que esta última tuviera mandato o poder de representación de la señora Delia Reyes Escoto para suscribir dicho adendum, en razón de que la misma falleció en fecha dieciocho (18) de junio del año 2012.”
De acuerdo con la Pepca, la muerte de la señora Delia Reyes Escoto en 2012 también sería evidencia de falsedad en el contrato de cesión de crédito del 04 de febrero de 2019, a favor de Ángel Lockward Mella y la razón social Ángel Lockward y Asociados, S.R.L., por la suma de RD$61,841,556.00, por concepto de honorarios y saldo de deudas acumuladas en ocasión del proceso judicial iniciado en 2014.
Tania MolinaEs periodista en Diario Libre.
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