Un “batallón” de más de 150 imputados en solo tres casos de corrupción
Antipulpo, Medusa y Coral son los tres gruesos expedientes de malversación que continuaron este 2022 requiriendo todas las energías de los fiscales y de otros investigadores de la Pepca ante los tribunales
Marisol Aquino
Tres expedientes de corrupción administrativa sometidos a la justicia y atribuida a la pasada gestión gubernamental, uno con más de dos años en los tribunales y otro con 18 meses, no superan la primera etapa procesal contra los más de 150 implicados, que incluye personas físicas y jurídicas.
En estos últimos 12 meses, los procesos de las operaciones Antipulpo, Coral y Medusa, nombres de los voluminosos casos de dolo contra los recursos del Estado y con los cuales, según el Ministerio Público, se habría estafado con más de 15,000 millones del dinero de los contribuyentes, concentran todas las energías de 40 fiscales y otros treinta investigadores de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). En este 2022 ese órgano no hizo sometimiento de acusación de malversación, aunque al inaugurar su gestión la procuradora general de la República, Miriam Germán, anunció que hay unas 500 investigaciones en curso por robo de la cosa pública.
Millones de pesos es la cantidad con la que se habría estafado al Estado en los casos Antipulpo, Medusa y Coral.
Los litigios no están estancados, excepto el de Medusa, cuyo principal acusado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y, hasta el momento, el de mayor peso con 62 personas físicas y empresas sometidas. El juicio preliminar o juicio a las pruebas, etapa en la que se verifica si los datos y documentos comprometedores se obtuvieron de manera legal y sin violar los procedimientos, no termina de arrancar en Operación Medusa, en la que su primera audiencia se ha aplazado, primero por cuatro meses y, la última, por dos meses más, a fin de que los imputados estudien las 12, 275 páginas de la acusación y más de 3,000 “pruebas”.
Antipulpo
Con Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez a la cabeza, quienes son hermanos del expresidente Danilo Medina, es el expediente que tiene ya dos años en la justicia y el que más avanzado está en la etapa preliminar. Además de los Medina Sánchez, involucra otras 25 personas y 21 empresas. De todos los acusados solo uno guarda prisión preventiva y se debió a que fue declarado en dos ocasiones en rebeldía. Alexis y Carmen Magalys, junto a los principales imputados en este caso, guardan arresto domiciliario. Se prevé que en los primeros días de enero haya un fallo de un envío a juicio de fondo de los encartados o un no ha lugar a su favor, rechazando la petición la acusación del Pepca. Esa decisión será del joven juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, magistrado que tiene 35 años de edad.
Alexis Medina Sánchez, a quien se le atribuyen varias empresas, se le acusa de encabezar la red de Antipulpo y de suplir, de manera irregular, a instituciones del Estado. La supuesta trama que dirigía se le atribuye desfalcar al Estado con más de RD$5,000 millones.
A Carmen Magalys Medina Sánchez, como vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y junto al presidente de esa entidad, Fernando Rosa, también involucrado, la Pepca la acusa de pagarse prestaciones laborales ascendentes a los RD$41,261,723. También, de pagar “botellas” y permitir la contratación de las empresas vinculadas a Alexis.
Operación Medusa
Jean Alain Rodríguez cumplirá este 29 de diciembre 18 meses detenido en Najayo-Hombres junto a otros tres de sus más importantes colaboradores en su gestión en la Procuraduría General de la República (2016-2020).
A Jean Alain se le acusa de estafar al Estado con más de RD$6,000 millones, para lo cual, supuestamente, se valió de una red, a la que se han vinculado a 41 personas y 21 compañías, una de ellas pertenece a Lisandro José Macarrulla, hijo del exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, quien renunció al importante cargo gubernamental tras los cuestionamientos. Las empresas, supuestamente, participaban en licitaciones irregulares para ser seleccionadas, pero, a cambio, debían pagar un 20 por ciento de las contrataciones recibidas a la alegada red.
Jean Alain “llegó a la función pública el dieciséis de agosto del dos mil doce (2012) con el objetivo de hacer una costosa carrera política, utilizando múltiples acciones criminales, para lo que necesitó el concurso de varias personas”, primero como director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y juego en la Procuraduría General de la República, asegura el MP.
Según la Pepca, con el dinero ilícito, Jean Alain adquirió una villa turística en Bahía Chavón, con una extensión de 2,192.45 metros cuadrados, y un solar de 3,366 metros en el exclusivo proyecto Vista Lagos. Acusa al exfuncionario de pagar, luego de adquirir la lujosa villa, a un ingeniero más de RD$12 millones para su remodelación con dinero del Estado.
Policías y militares en Coral Esta supuesta red, también con 30 personas imputadas, así como 18 compañías, forma parte de las amplias persecuciones que ha continuado en este año 2022 el Ministerio Público y cuyo proceso empezó su etapa preliminar el 9 de este mes de diciembre.
A este extenso grupo, integrado por altos oficiales de la Policía y militares de diferentes instituciones castrenses, bautizado como Coral y Coral 5G, estaba supuestamente comandada por el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, y el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), el exgeneral de la FARD, Juan Carlos Robiou. Este último y, también, otros altos oficiales, como Julio Camilo de los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón permanecen en prisión preventiva. Adán Cáceres, Rossy Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza, principales imputados en Coral, se les varió la prisión preventiva por domiciliaria. En Coral y Coral 5g, la estafa al Estado habría ascendido a 4,500 millones. Otro caso de corrupción es Operación 13, liderada, de acuerdo con el MP, por el exadministrador de la Lotería, Luis Maisichell Dicent, quien empezó esta semana a cumplir prisión domiciliaria tras variársele la coerción. Este caso, que implica un fraude de RD$500 millones, ya está en juicio de fondo y los acusados son once.
Los fallos que variaron la prisión preventiva por otras medidas de coerción en los cuatro casos de corrupción, por haberse agotado el tiempo máximo exigido por la ley, provocaron cuestionamientos a esas garantías para esos acusados y que para muchos ciudadanos de a pie no existe. Las críticas más “ácidas” contra los jueces provino del Ministerio Público cuando se favoreció a Alexis Medina y a otros tres imputados en Operación Medusa; a Adán Cáceres Silvestre, de Coral, y a Luis Maisichell Dicent, de Operación 13. “El Poder Judicial (PJ) ha decidido aplicar de manera irracional el límite razonable de la prisión preventiva”, afirmó el titular de la Pepca, Wilson Camacho. El mismo PJ reveló, en este mes de diciembre, que 1,500 reclusos están tras las rejas por no poder pagar la fianza.
Marisol AquinoPeriodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.
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