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Nuevo proyecto de ley aumentaría de 30 a 40 años las condenas por feminicidios

El Poder Ejecutivo depositó cuatro proyectos de ley en el Congreso, incluyendo el Integral de Violencia contra las Mujeres

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Nuevo proyecto de ley aumentaría de 30 a 40 años las condenas por feminicidios
Imagen ilustrativa. (FUENTE EXTERNA)

El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó este lunes en el Congreso Nacional el proyecto de Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, el cual establecerá las responsabilidades institucionales del Estado para "prevenir, atender, perseguir, sancionar y reparar la violencia" contra las féminas.

Junto al proyecto se entregaron otras tres iniciativas.

El de violencia contra las mujeres tiene entre sus objetivos "adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer el sistema de protección integral para víctimas de violencia de género", según explicó el funcionario.

Establece la tipificación del feminicidio y lo sanciona con condenas que podrán ir de 30 a 40 años, penas que se agravarían cuando el delito se cometa en contra de una niña o adolescente, así como de mujeres con discapacidad y mayores de 65 años.

Otras agravantes son cuando el perpetrador haya violado órdenes de protección existentes en su contra, que el hecho haya sido precedido de violencia sexual y si  ocurrió en presencia de niños, niñas y adolescentes.

También se tipifica el feminicidio conexo, que es el delito que implica sanciones por las víctimas colaterales que pierdan la vida en el marco de un escenario de violencia feminicida, que, por lo general son hijas, hijos, madres, familiares cercanos o parte del círculo de apoyo de la víctima directa.

Antoliano Peralta acudió al Senado en compañía de Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, y del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, donde entregó al presidente de ese hemiciclo, Eduardo Estrella, el referido proyecto, al igual que el que reforma y actualiza la Ley de Tráfico y Trata de Personas.

Jiménez dijo que tanto el proyecto de Ley Integral de Violencia, como el que modifica el tráfico y trata de personas “son deudas históricas del Estado dominicano, que hoy el presidente Abinader empieza a saldar con las mujeres, al enviar la revisión de ambos proyectos de ley al Congreso Nacional” e indicó que ambas piezas responden a los más altos estándares internacionales en materia de violencia contra las mujeres.

Trata de personas

En tanto, que el proyecto de modificación a la Ley de Trata y Tráfico Ilícito de Personas tiene como propósito enfrentar de forma integral el matrimonio o unión forzada, el matrimonio o unión servil, la adopción irregular, el trabajo forzado, el tráfico ilícito de órganos, la explotación sexual, la esclavitud sexual, entre otras modalidades existentes.

Reparación integral

Ambos proyectos de ley establecen el derecho a reparación integral de las mujeres, niños y niñas dependientes y sobrevivientes de violencia y trata de personas. Apuestan a una respuesta oportuna e integral para las víctimas, estableciendo el sistema de reparación que contempla un programa especializado para mujeres sobrevivientes de violencia y trata, así como niñas y niños que han quedado en la orfandad a causa de los feminicidios.

Por otro lado, el proyecto de Ley Integral de Violencia contra las Mujeres tipifica y sanciona el acoso en sus diferentes manifestaciones para superar la limitante actual que solo sanciona el acoso en su manifestación sexual, e implica sanciones al acoso sexual callejero como nuevo tipo penal.

De igual modo, sanciona la violencia en línea, patrimonial, económica, psicológica y política, entre otros tipos de relevante importancia.

Los otros dos proyectos sometidos ayer por el Ejecutivo son sobre bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio, y para el fomento y competitividad de la Aviación Civil Nacional.

Estas iniciativas legislativas fueron elaboradas por el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial, y la Policía Nacional, entre otras instituciones. 

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