Preocupa las pocas sentencias obtenidas por trata de personas en países del SICA
La trata de personas en la región de América Central y la República Dominicana tiene rostro de mujeres y niñas
Graciela Cuevas
Apenas un 10 % de los casos de trata de personas de los operativos regionales del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) terminan con sentencias, según los datos revelados este miércoles en el foro regional del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA).
La información fue expuesta por Rafael Donis, de la Dirección de Seguridad Democrática de la Secretaría General del SICA, al presentar los resultados de los operativos para la aprehensión de las redes de trata de personas y rescate de víctimas, realizados por la Comisión de Jefes y Directores de Policía, y demás acciones que se realizan en materia de seguridad en la región.
Donis señaló que es de “preocupación” esta cifra y también informó que más de la mitad de las sentencias obtenidas son absolutorias por causa de "la inconsistencia" de los niveles probatorios en la acusación, que no permite a las autoridades continuar con el proceso.
"No solo los ha limitado en el tema de las sentencias, sino que también hemos identificado que de esas sentencias que estamos obteniendo, más de la mitad de ellas son sentencias hacia miembros de las estructuras del tercer nivel", dijo. Esto significa, explicó, que no se están desintegrando las estructuras ni se está atacando sus sistemas financieros.
La trata de personas en las regiones de Centroamérica y el Caribe tiene rostro de mujeres y niñas, siendo éstas las víctimas en el 79 % de los casos, de acuerdo a los datos del último Reporte Global sobre Trata de Personas 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, inglés).
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El documento identificó a la explotación sexual como la modalidad de trata de personas detectada con mayor frecuencia (más del 70 %), que se encuentra entre las más altas registradas a nivel mundial. En América Central y el Caribe, los niños también son objeto de trata con fines de mendicidad explotadora, actividades delictivas forzadas y algunas formas de adopción ilegal.
La UNODC califica a la trata de personas como el tercer crimen más lucrativo a nivel mundial (después de las drogas y las armas), con un fuerte impacto económico, generando cerca de 150 mil millones de dólares al año.
“Los resultados que tenemos en la cadena de justicia no son congruentes con el esfuerzo mayúsculo que se está haciendo en materia de rescate de víctimas”, lamentó Rafael Donis durante su ponencia en el foro que se celebró en la capital de la República Dominicana.
El experto en seguridad dijo esperar que las iniciativas lanzadas sirvan para que las ministras de la Mujer de los países que integran el SICA las tomen en consideración y las lleven a las instancias correspondientes para lograr cambios sustantivos.
“El sistema (de justicia) en sí está siendo probado en su efectividad a través de la medición de sentencia”, afirmó Donis. En la presentación, el experto de la Secretaría General del SICA detalló la participación de los países en los operativos regionales.
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"Para que nosotros tengamos un caso contundente ante un proceso judicial el elemento investigativo del proceso de la trata debe empezar desde la captación porque si no, no estamos golpeando estructuras, sino simplemente actuando en flagrancia. Si no detenemos a los captadores, lo van a seguir haciendo", reflexionó Rafael Donis.
En estos operativos regionales se han rescatado a más de 500 víctimas y procesado a más de 150 personas entre los años 2013 en lo que transcurre de 2022.
Mayra Jiménez, ministra de la Mujer de la República Dominicana y quien ocupa la presidencia temporal del COMMCA, resaltó la importancia de mantener el diálogo sobre un fenómeno que “violenta y trunca la vida" de tantas mujeres y sus familias.
"El llamado es a reflexionar acerca de la situación que viven las víctimas de trata y sus necesidades de protección, en correspondencia con los marcos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y, desde un enfoque integral que incluya elementos tales como la reparación de las víctimas y la producción de datos estadísticos", expresó Jiménez, en las palabras de bienvenida.
En la República Dominicana se está pendiente de una modificación a la Ley 137 Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de 2003, considerada ya por la sociedad civil como una legislación que se debe adecuar a los nuevos tiempos.
El proyecto reposa en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y en él se incluyen, como nuevos elementos, sanciones agravantes de entre 15 a 30 años de prisión, así como condenas a quienes usen las herramientas virtuales para cometer el delito de trata de personas.
Durante el año pasado, el gobierno de la República Dominicana identificó a 65 personas víctimas de trata, 56 nacionales y nueve extranjeras de Haití, Colombia, Estados Unidos y Venezuela. La modalidad con más víctimas fue la trata sexual que afectó a 29 personas, de las cuales 23 (el 79 %) eran menores de edad.
El evento contó también con las palabras de Josué Gastelbondo, jefe de misión de la Organización Internacional Para la Migraciones (OIM) en República Dominicana, quien informó que en los últimos cinco años han atendido al menos 900 personas víctimas de tráfico en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General y Policía Nacional para dar asistencia en materia de salud, psicológica y educación.
También estuvo la ponencia a cargo de Paola Zepeda, coordinadora regional de proyectos de la OIM. Las ministras y representantes de delegaciones coincidieron en la necesidad de mantener campañas de concientización y sensibilización. También dieron detalles sobre las políticas, leyes y proyectos que se impulsan para la prevención, investigación, atención y protección de las víctimas de trata de personas.
Alicia Rodríguez, secretaria técnica del COMMCA, señaló que le problema de la trata de personas es "grave" y puede caracterizarse como “la esclavitud actual”. Rodríguez destacó la necesidad de adopción de normas y políticas públicas del marco internacional con los regionales y subregionales, y normas nacionales.
Graciela CuevasGraduada de Comunicación Social mención Periodismo en la UASD. Tiene experiencia trabajando en periódicos impresos y digitales, también en la producción de programas radiales.
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