Imputados del caso Iguana enfrentan cargos por secuestro, dice el Ministerio Público
El juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, aplazó el conocimiento de la coerción para el próximo miércoles a las 10:00 de la mañana.
Diario Libre
Los sietes imputados en la supuesta red de tráficos de personas desmantelada mediante la Operación Iguana, enfrentan cargos también por secuestro, dijo este miércoles el Ministerio Público.
“Se les acusa de la comisión de varios ilícitos penales, entre ellos, el tráfico ilícito de migrantes, delitos asociados a la corrupción administrativa, así como también delitos de secuestro, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos que ya se han establecido en la solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público ha presentado en contra de los imputados”, manifestó el órgano persecutor a través de una nota de prensa.
El juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, aplazó el conocimiento de la coerción para el próximo miércoles a las 10:00 de la mañana.
La audiencia fue aplazada a solicitud de la defensa, que pidió más tiempo para conocer el expediente y preparar mejor su defensa.
La organización de la persecución penal solicita la imposición de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido contra los involucrados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní, de la Dirección General de Migración, y el inspector Johan Rosario Castillo, así como de Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo Feliciano (Yefo).
La fiscal Belkis Ulloa, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), calificó de graves los hechos que alega cometieron los acusados como parte de sus alegadas actividades en la estructura criminal.
“Se trata de una estructura de criminalidad organizada, dedicada a la comisión de estos actos ilícitos, de manera reiterada, de acuerdo a las evidencias que se han ido recolectando en el curso de la investigación que hemos estado realizando”, señaló Ulloa.
Destacó que la investigación que desarrolla la entidad cuenta con elementos de pruebas que le permitirán acreditar los hechos que han estado presentando en la imputación formulada en la solicitud de medida de coerción.
“Entendemos que nosotros llevamos razón en relación a la solicitud de medida de coerción que estamos solicitando en contra de los imputados de que se trata. Son hechos muy graves los cometidos por los imputados como parte de una estructura de criminalidad organizada y a la cual el Ministerio Público tiene la intención de poder desmantelar al igual que cualquier otra estructura que pueda estar operando en esta zona”, enfatizó.
Ulloa sostuvo que el órgano de la acusación busca contribuir a evitar que hechos como los señalados se sigan materializando de manera asidua y, además, romper con la tendencia de normalización del delito del tráfico ilícito de migrantes en esta jurisdicción.
De acuerdo con la nota de prensa, los encartados incurrieron en el acto de secuestro en perjuicio de cuatro nacionales cubanas, entre ellas, dos adultas y dos menores de edad, hechos en los que supuestamente intervinieron no solo los imputados que forman parte de la Dirección General de Migración, sino también los demás integrantes de la estructura.
“Hay dos de las personas investigadas que materializaron un tráfico ilícito en principio en contra de esas nacionales cubanas; luego llegaron a poder de los miembros de la Dirección General de Migración, y ellos facilitaron su llegada a otra estructura, digamos los demás miembros de la estructura de criminalidad organizada, para entonces poder facilitar nuevamente el tráfico ilícito de migrantes de los mismos y poder obtener beneficio económico que le estaban requiriendo en todo momento a los nacionales cubanos”, agrega el documento de prensa.
La investigación todavía se encuentra en desarrollo, según Ulloa.
“Nosotros, desde diciembre, le estamos dando seguimiento a la presente investigación; sin embargo, teníamos que realizarla de manera precavida para poder llegar a este punto, tomando en cuenta que hay funcionarios involucrados, entre ellos, los que nosotros estamos presentando a la acción de la justicia”, concluyó.
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