¿Le llegará la hora a Boca Chica?

Se impone un diálogo entre los sectores público y privado para relanzar el extraordinario potencial turístico de la playa de Boca Chica.

En los albores de nuestro desarrollo turístico, el gobierno escogió a Boca Chica para desarrollar ahí el primer gran proyecto del entonces nuevo sector. Sin embargo, varias décadas más tarde esa playa languidece muy poco explotada turísticamente y los servicios recreativos que rinde a la población están limitados por condiciones adversas. Parece haber un nudo gordiano que impide el desarrollo. Pero como en este caso la culpa es de todos, sólo una sociedad público-privada podría encontrar la solución.

Boca Chica solía ser la playa preferida de las familias ricas de Santo Domingo que buscaban recreación en los fines de semana. Eso influyó para que fuera allí donde Trujillo construyera el primer hotel de playa del país (Hamaca) inaugurado en el 1952. Sin embargo, esa iniciativa no generó mayor desarrollo turístico. Posteriormente, y reconociendo su potencial turístico, el presidente Balaguer intentó en 1973 emprender un gran proyecto. Para ello declaró de utilidad pública toda la franja de costa de Boca Chica y Andrés, pero por razones insondables eso no cuajó, y el Estado eventualmente prefirió a Puerto Plata para detonar el desarrollo turístico.

Fue años después que un banco nacional compró el Hotel Hamaca, lo transformó, y comenzó a traer turistas extranjeros. Luego dos hoteles más (Don Juan, Boca Chica Resort) arrimaron el hombro, y con eso se siguió aumentando el volumen de visitantes extranjeros.

Paralelamente, sin embargo, la playa se fue llenando de tarantines y vendedores ambulantes. (Se recordará que José Francisco Peña Gómez, siendo Síndico de la capital, hubo de barrer con muchos de ellos para despejar la playa.) Y hoy día todavía prevalece en la franja de playa un pandemónium del ambiente construido y una arrabalización en su parte oeste, agravado por el acoso de los vendedores del Sindicato de Trabajadores Playeros, que perjudica la calidad de la experiencia recreativa.

La necesidad de una acción remediadora no se limita a la playa. Según los reportes de prensa, la falta de saneamiento impacta directamente la calidad de las aguas del balneario, las cuales acusan cierto grado de contaminación. La carencia de un moderno alcantarillado es parcialmente responsable, además de que impide que el subterráneo Río Brujuelas descargue su caudal sin cortapisas en el mismo balneario. A eso se añade la parálisis de la planta de tratamiento de aguas residuales, para cuya remodelación el Ministerio de Turismo aportó RD$12 millones y la problemática sigue sin solución.

No se necesita, por otro lado, ver los reportes de prensa para constatar que también prevalece en el ambiente más cercano a la playa un desorden urbano que contribuye a deteriorar la imagen, ya bastante maltrecha por el azote de la prostitución y la inseguridad. Una buena discusión de la problemática urbana se puede encontrar en los “Lineamientos” que para Boca Chica preparó el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos.

Pero esos son los problemas que se ven, los cuales son los más fáciles de resolver por parte de las autoridades competentes. Los más difíciles son aquellos que impiden las grandes inversiones hoteleras y los que no permiten que se desarrolle un malecón que el Alcalde prometió para el sano disfrute de visitantes y lugareños. Y de eso se deriva también que la red vial de la zona no se haya podido desarrollar como fuera deseable.

El gran problema del desarrollo radica en la propiedad de los inmuebles y de la tierra. Por un lado están los propietarios de los negocios que copan la playa, los cuales no necesariamente son propietarios legítimos de los terrenos donde están ubicados, pero detentan la propiedad de hecho por los muchos años que la han ocupado. A ellos habría que compensarles para permitir un ensanchamiento de la franja de playa y un desarrollo urbano decente en su adyacencia. Como es previsible que no todos quieran vender, es también previsible que habría que usar algún grado de coerción para desalojar el sitio. Y eso solo puede significar una intervención gubernamental.

La otra cara de la moneda es que el trozo de playa que queda frente al gran solar que hay entre Boca Chica y Andrés pertenece a una acaudalada familia del país. Reportes informales también señalan que más de un 80% de los terrenos donde están construidas las viviendas del pueblo --al sur de la autopista-- también pertenece legalmente a esa familia. Se sabe que dicha familia intentó hace más de 35 años desarrollar, en el entrecejo de los dos pueblos, un enorme proyecto turístico entonces bautizado con el nombre de Costa Blanca. Pero el desarrollo no prosperó por los obstáculos existentes en aquella ocasión, los cuales podrían ser los mismos de hoy día.

Los derechos de propiedad de esa familia deben ser reconocidos como incuestionables. No sólo los han detentado desde que comenzaron a comprar terrenos en el área en 1920, sino que están legalmente establecidos por el registro de propiedad correspondiente. En consecuencia, no sería razonable pretender que le sean expropiados (como lo hizo el presidente Balaguer) ni que el gobierno de turno ejerza una influencia determinante para hacer que los propietarios obtemperen a la necesidad de desarrollar turísticamente a Boca Chica. Hasta un proyecto (fallido) de resolución introducido en la Cámara de Diputados durante la gestión del presidente Mejía abogaba por el desarrollo "en beneficio comunitario, siempre y cuando no afecte material ni moralmente a los dueños del inmueble."

Pero sería insensato negar que sobre esas propiedades pende una especie de hipoteca social. Boca Chica ha sido un coto tradicional de recreación para la población de Santo Domingo -un área metropolitana de 3.5 millones de habitantes-y sería prácticamente imposible cambiar la vocación de servicio público del balneario. (Solo si se crearan playas en la ciudad capital se cambiaría la situación.) Esa es una razón más importante para que el Gobierno juegue un papel en la detonación del desarrollo que la misma creación de empleo y generación de divisas.

Reconociendo su enorme potencial para atraer el turismo extranjero y para ofrecer mejores servicios de recreación a la población capitalina, se impone un diálogo diligente entre propietarios y gobierno que permita detonar el desarrollo en grande. De ese diálogo debe salir un concepto del macro proyecto que visualice el futuro del recurso playero y los desarrollos hoteleros e inmobiliarios que lo hagan rentable. Sin duda, cualquier solución requerirá de una enérgica acción gubernamental para despejar los obstáculos existentes. Pero también requerirá que los propietarios entiendan que una considerable inversión en el desarrollo de sus propiedades sólo puede ser rentable si se lleva a cabo en consonancia con las autoridades.

El Estado, sin embargo, no debe asumir roles empresariales. Su misión no sería la de generar dividendos para la inversión que requiera el modelo de desarrollo acordado entre las partes. Su misión debe ser más de apoyo a la iniciativa privada, proveyendo los medios de coerción que desbrocen el camino. Pero alguna inversión pública será necesaria para proveer las infraestructuras básicas que en buena lid le corresponde desarrollar al sector público, además de la construcción de viviendas que habría que emprender para los habitantes del pueblo que deban ser reubicados. Con eso se estaría beneficiando no solo a la comunidad local sino también a todo el conglomerado capitalino por vía de la mejor calidad de la recreación resultante.

Ya es hora de que le llegue la hora a Boca Chica.  Ya en el 2011 Diario Libre reportó que la familia en cuestión había encargado un rediseño de su proyecto a la Universidad de Columbia. Se sabe también que el MITUR tiene listo un Plan Estratégico para Boca Chica aun no oficializado. Si estas dos piezas se juntan con los "Lineamientos" del CONAU, habrá base suficiente para que arranque el diálogo aquí sugerido. Boca Chica debe despegar su anhelado proyecto turístico, aún si su ejecución se lleva a cabo con la prudente lentitud con que se hacen los proyectos de la acaudalada familia.

Juan Lladó