Tumbes, armas y contraescritos, las acusaciones de la Pepca para solicitar prisión en Operación Antipulpo
Aplazan la coerción para las 5:00 de la tarde este martes
Alexis Medina Sánchez se queja de la “zozobra insostenible” en la que han sometido a su familia desde que perdió el PLD
Wander Santana y Tania Molina
La audiencia sobre la solicitud de medidas de coerción a los once que son acusados de ser parte de un entramado societario que se habría estructurado para estafar al Estado dominicano mediante contratos de obras, agotó este lunes las exposiciones de las partes sobre acusaciones de tumbes, posesión de armas y contraescritos.
También incluyó la queja del hermano del expresidente de la República Danilo Medina, por la supuesta zozobra en la que ha sido sometida la familia del exmandatario.
Luego de que el domingo, cuando se inició el conocimiento de la medida, se extendiera por unas 14 horas de debates entre la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la defensa de unos cinco imputados, este lunes expusieron los otros seis restantes involucrados en la Operación Antipulpo, en la que se acusa a dos hermanos del expresidente Danilo Medina.
La Pepca ha pedido prisión preventiva para la mayoría del grupo que integran los hermanos Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, así como los señores Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
El juez de Atención Permanente, Alejandro Vargas volvió a reenviar para este martes a las 5:00 de la tarde la continuidad de la audiencia, luego de que pasada la una de la madrugada las partes siguieran enfrascadas en sus debates, pese a la advertencia del tribunal de que aplazaría si no habían terminado a esa hora.
Todavía se escuchaban los alegatos de una y otra parte, cuando Vargas abandonó el tribunal, casi corriendo.
El último en declarar y presentar sus medios de defensa fue Alexis Medina, quien se quejó de la “zozobra insostenible” que supuestamente vive su familia desde que el Partido de la Liberación Dominicana perdió las elecciones en julio pasado.
“El Ministerio Público desde el primer día ha sido devastador para la familia Medina y no quiero responderle nada”, respondió Medina Sánchez, como negativa a la solicitud que le hizo el Ministerio Público de hacerle algunas preguntas.
La Procuraduría acusa a Alexis Medina de ser el cabecilla visible de una estructura de exfuncionarios, así como de “proveedores privilegiados y testaferros” cuya finalidad era cometer supuesta corrupción administrativa.
Supuestamente, los apresados “aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno”.
Pero Medina aseguró que nunca ha tratado de ocultar nada y que ha estado haciendo negocios desde 1995 en el área médica, reparando equipos en los hospitales.
Más allá de las acusaciones de estafa, coalición de funcionarios o de lavado de activos que se atribuye a la supuesta red de corrupción, el Ministerio Público hizo referencia a un supuesto “tumbe” de contrato que se habría realizado desde la Procuraduría para favorecer a una empresa de Medina Sánchez, presunta cabeza visible del entramado que refiere la Pepca.
Era el turno del imputado Santiago Muñoz, un empresario al que se acusa de ser testaferro de Alexis Medina en varias empresas, incluida una de nombre R S monitoreo, que tenía a su cargo el servicio de brazaletes al Ministerio Público.
Pero la magistrada Yeni Berenice Reynoso, en representación de la Pepca, informó que ciertamente ya esa empresa no era la que tenía el contrato para dicho servicio.
Explicó que, a la llegada de la actual titular de la Procuraduría General de la República, Miriam Germán Brito, se encontraron con que en la gestión pasada se firmó un contrato de exclusividad a una empresa representada por el ciudadano Wacal Leonel Elseví Báez, dejando sin efecto el contrato de R.S Monitoreo.
Reynoso asegura que Báez es uno de los testaferros del hermano del expresidente Danilo Medina, así como del señor Domingo Antonio Santiago Muñoz.
“Alexis y Domingo utilizan sus vínculos con la Procuraduría para sacar a Monitoreo Dominicana. En la actualidad no tienen contrato. Eso en narcotráfico le dicen que fue un tumbe”, dijo la magistrada Reynoso.
Para justificar la solicitud de prisión preventiva de un año que pidió contra el imputado Santiago Muñoz, el Ministerio Público alegó que, además de figurar como socio o propietario en empresas de Medina Sánchez, éste también tenía a su nombre bienes que en realidad eran del primero. Y como prueba presentó un contraescrito que le secuestró al acusado durante un allanamiento.
De acuerdo con la acusación, el documento se refiere a una deuda adquirida supuestamente por Santiago Muñoz para la adquisición de un apartamento tipo penhouse en el que, aseguran, vivía Alexis Medina Sánchez.
“El contraescrito decía que, aunque el préstamo estaba a su nombre, quien debía pagar ese préstamo era Alexis” dijo la representante del Ministerio Público, quien sostiene que encontraron carpetas de este tipo de documentos tanto de Domingo como de otros prestanombres.
Pero a través de su defensa, el Santiago Muñoz explicó que el contraescrito que encontró el Ministerio Público se refiere a la venta de dicho inmueble que hizo a Medina Sánchez, y defendió como válido ese tipo de transacciones entre empresarios.
Indicó que el imputado adquirió el inmueble mediante un préstamo con una institución bancaria y luego lo vendió a Alexis Medina, quien para pagarlo adquiría un préstamo con otra institución bancaria. En tales circunstancias, ambas partes convinieron que el segundo siguiera los pagos de la primera deuda.
La audiencia de este lunes, que se extendió desde las 2:00 de la tarde hasta pasado la medianoche, el primero en presentarse ante el juez fue el exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Aquiles Alejandro Cristopher, para quien el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, bajo acusación de que hizo cubicaciones ficticias para lograr pagos a favor de la supuesta red de corrupción.
Pero el imputado negó que obrara de tal forma y que, por el contrario, logró ahorrar miles de millones al Estado, gracias a las revisiones que hacía de las cubicaciones pendientes de pago.
Refirió la empresa Andrés & Camila que supuestamente tenía 23 proyectos con un monto de deuda cubicada superior a los RD$21,000 millones, de las que reclamaba RD$7,500 millones de pesos como cubicación pendiente. Afirma que la fiscalización logró determinar que no era tal el reclamo y que, por el contrario, la empresa tenía un negativo de RD$947 millones de pesos con el Estado.
Otra fue el consorcio Conciviles, representado por una empresa española, que reclamaba RD$3,500 millones y al final quedó debiendo al Estado unos RD$922 millones. También había una cubicación pendiente de RD$750 millones por el Merca de Santo Domingo, pero sostiene que, al hacer las evaluaciones, la empresa encargada de la obra quedó debiendo 47 millones de pesos.
Efectivos y armas
A otro de los que se le conoció medida de coerción fue a Esteban Suriel Suazo a quien la Pepca le habría ocupado, mediante allanamiento, tres cajas fuertes que contenían unos 917,000 dólares y ocho millones de pesos en efectivo.
Además, dijo que “en una gaveta de closet encontramos pertrechos militares y un arma de guerra y 136 proyectiles con dos cargadores que fueron incautados”. Lo acusa también de tratar de destruir pruebas.
Otra acusación que se le atribuye a Suriel Suazo es de hacer de testaferro de Medina Sánchez para estafar a la Policía Nacional con RD$220 millones.
Pero el imputado, al agotar su tiempo de defensa, indicó que las armas solo las tenía guardadas y que tener dinero guardado se debía a las operaciones empresariales que realizaban. Explicó que se desempeñó como director operativo de la campaña de Gonzalo Castillo, y que, debido de esa función, en el comando de campaña le otorgaron una seguridad al que le asignaron las armas como seguridad. Luego de la campaña, dijo, la seguridad decidió devolver las armas, pero que, como no sabían a quién entregarlas, él decidió guardarlas en su apartamento hasta que se definiera el destinatario.
“Me acusan de ser testaferro, nunca he sido ni nunca seré porque me valgo por mis propios medios”, declaró, tras presentar sus arraigos familiares y empresariales para asegurarle a juez que no se sustraerá del proceso.
Wander Santana y Tania Molina
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