Recusan jueza que conoce medidas de coerción a implicados en Operación Falcón
Los abogados hicieron la solicitud luego de que la magistrada Iris Borges rechazara inhibirse de conocer el proceso
Los abogados de varios de los imputados en la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Falcón recusaron este miércoles a la jueza que conoce el caso en la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago.
Los abogados hicieron la solicitud luego de que la magistrada Iris Borges rechazara inhibirse de conocer el proceso.
Entienden que la jueza no tiene competencia para conocer el caso en su jurisdicción.
Los abogados piden el traslado del conocimiento de la medida al Distrito Nacional y a una jurisdicción privilegiada, debido al involucramiento de legisladores en el caso.
Además, consideran que “la jueza está parcializada” con las solicitudes que ha planteado el Ministerio Público durante la vista.
Reymy Mieses, abogado de uno de los imputados, informó que la recusación fue depositada por Secretaría.
Presentan medidas contra otros dos hermanos en Operación Falcón y suman 27 los procesados
Explican uso de pantalones
Mieses denunció que su cliente y otros vinculados a la supuesta organización se vieron obligados a utilizar pantalones cortos y sandalias, para poder subir a la audiencia, debido a que durante la tarde del martes las autoridades les ensuciaron todas sus prendas de vestir durante un operativo en la carcelita del Palacio de Justicia de Santiago, donde está detenido el grupo.
"Estamos haciendo la denuncia formal para que el Ministerio Público haga una investigación y tome carta sobre el asunto", señaló.
Aseguró que existe una “persecución en contra de su cliente” y de los demás imputados en la Operación Falcón.
Ahora, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago decidirá si procede o no la recusación realizada a la jueza.
Hasta el momento las autoridades han procesado a 27 personas vinculadas supuestamente a esa organización, la cual operaba desde Santiago, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público. El órgano solicita que el caso sea declarado complejo y la imposición de 18 meses de prisión preventiva para el grupo.