Quirinito no aparece: jueces y fiscales tienen dos años suspendidos

Mientras está en un limbo la investigación por la desaparición de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, quien había sido declarado muerto, pero según las autoridades sigue vivo; jueces, fiscales, médico legista y otros funcionarios públicos permanecen suspendidos de sus funciones.

En violación al Reglamento sobre Carrera Judicial, así como la Resolución 25/2018, que aprueba el Reglamento Disciplinario permanecen suspendidos los jueces de ejecución de la Pena de San Cristóbal y San Francisco de Macorís, Willys de Jesús Núñez y Aleyda Jiménez Acosta. El primero por ordenar el traslado de Quirinito del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo al CCR de San Francisco de Macorís, y la segunda por disponer la prisión domiciliaria en virtud de que tenía, según la solicitud, un cáncer de lengua en fase terminal.

Lo mismo pasa con Felipe de Jesús Restituyo Santos y José Calasanz Morel, procurador general de Corte de Apelación y titular de la Procuraduría Regional de San Francisco de Macorís y Franklin Ortega, encargado de la Supervisión del Medio Libre del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, según lo dispuesto en el reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Localizar a quien cuya fuga supuso uno de los escándalos más bochornosos y que pone en juego la credibilidad del sistema de justicia dominicano por involucrar a estos actores, parece ser una tarea difícil para las autoridades y para la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Esa incapacidad de las autoridades en establecer con exactitud qué pasó, cómo pasó y quiénes conspiraron para hacerlo posible, mantiene a esos funcionarios públicos devengando sus salarios pero sin ejercer funciones.

A pesar de que la Procuraduría General de la República interrogó a todas las personas que a su entender tienen que ver con el caso, a la fecha no ha podido someter a nadie a la Justicia, porque aparentemente la prueba por excelencia es atraparlo con vida o encontrar el cuerpo de quien habría fallecido por un cáncer en la lengua como certificó el médico legista Orlando Herrera Robles, en julio de 2017.

El artículo 170 del reglamento de la Ley de Administración y Carrera Judicial establece que “la duración del procedimiento disciplinario no podrá exceder de Noventa (90) días”. En tanto que también se venció el tiempo contemplado en la Resolución 25-2018, que si bien no aplica para el caso de los magistrados porque tiene un artículo transitorio, art 61, en donde dice que su contenido no se aplica a los juicios y procesos que estuvieran en curso antes del 3 de diciembre del 2018.

El artículo 31 de esa resolución dice que la Inspectoría General dispone de un plazo de sesenta (60) días, contados a partir del inicio de la investigación, para rendir su informe.

En el art. 35 del reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público se concede un máximo de tres meses a la Inspectoría para la investigación de casos en donde se presuma se cometieron faltas graves.

“Justicia tardía justicia negada... Ellos me pagan, yo había solicitado mi jubilación pero no han dado respuesta. Yo no me explico. Tienen dos años y pico. La investigación debe haber terminado”, comentó la magistrada Jiménez, quien por lo avanzado de su edad y haber cumplido el tiempo límite para ejercer la función jurisdiccional pidió su jubilación previo al escándalo.

“Qué yo entiendo, que ellos lo que tienen que averiguar, si hubo algún tipo de vínculo entre ese muchacho, el interno, y los abogados o los familiares o lo que fuera antes de, porque en realidad no sé. Para mí eso se ha ido al olvido, pero entiendo que es que las investigaciones no se han hecho porque yo nunca tuve relación con esa persona, nunca hablé con ellos. Nunca tuve ningún tipo de comunicación con esa persona”, continuó diciendo la magistrada.

Hogla Enecia Pérez