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Procuraduría dice fueron 625 kilos de cocaína dejados pasar por oficiales por aeropuerto de La Romana

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Procuraduría dice fueron 625 kilos de cocaína dejados pasar por oficiales por aeropuerto de La Romana
Vista de la terminal aérea. (ARCHIVO)

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República (PGR) expresó que recibió del Ministerio de Defensa un informe sobre varios oficiales policiales y militares involucrados en el supuesto tráfico de 625 kilogramos de cocaína, introducida al país por el Aeropuerto Internacional de La Romana el pasado 24 de octubre en una aeronave procedente de Cartagena, Colombia, y que posteriormente se presumío fue enviada en dos partidas a Estados Unidos y Europa.

A los involucrados, coronel de la Fuerza Aérea Domingo Figuereo Heredia, asignado al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil, y director de Seguridad del AILR, el coronel del Ejército Robert Antonio Ramírez Pimentel de servicio en la DNCD, el teniente de la Policía Andrés Lorenzo Castillo Padilla, y el asimilado militar Enmanuel Cruz Espinal, se les acusa de desactivar el sistema de seguridad del aeropuerto para propiciar el paso de la droga.

La institución informó, mediante un comunicado de prensa, que el procurador general de la República, Jean Rodríguez, instruyó al titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Juan Amado Cedano, iniciar una investigación penal en contra de dos coroneles, uno del Ejército y otro de la Fuerza Aérea Dominicana, un primer teniente de la Policía y un asimilado militar.

A tales fines, comunicó que fue conformada una comisión investigadora que encabeza el procurador de corte adscrito a la Dirección General de Persecución, Fernando Quezada, y que integran la también procuradora de corte adscrita a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, María del Carmen De León, y la titular de la Procuraduría Fiscal de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez.

El procurador Rodríguez instruyó iniciar de inmediato las investigaciones y proceder con el proceso judicial correspondiente contra los miembros de las citadas instituciones y otras personas que pudieran establecerse con sus respectivas evidencias que están involucradas en este caso de narcotráfico internacional.

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