Ética, Contrataciones Públicas y Contraloría investigarán denuncia por supuesta corrupción en el Ministerio de la Juventud
Exconsultor jurídico, José Manuel Vidal Tejada, advirtió a organismos sobre irregularidades en procesos de licitación
Josefina Medina
De manera conjunta, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Anti-Fraude de la Contraloría General de la República investigarán los supuestos actos irregulares en el Ministerio de la Juventud denunciados por el exconsultor jurídico de esa institución.
Mediante un comunicado de prensa, Ética Gubernamental informó que se apodera de oficio junto a las entidades citadas del documento entregado por el abogado José Manuel Vidal Tejada, en el que establece que la titular de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, pretendía, de manera irregular, que dos compañías en específico fueran seleccionadas en un proceso de licitación para adquirir equipos tecnológicos para la entidad por un valor de tres millones de pesos.
Vidal Tejada dijo que tanto él, como el director de Compras, José Ramón Liria, fueron supuestamente obligados a renunciar por haberse negado a adjudicar un proceso bajo las “exigencias de Jiménez”.
Juventud pidió auditoría
Por el contrario, el Ministerio de la Juventud emitió un comunicado este jueves indicando que tal irregularidad no existe porque el proceso fue desestimado y declarado desierto. En cuanto a las cancelaciones del exconsultor y el director de Compras dijo que fue “por conveniencia en el servicio, conforme a lo que establece la Ley 41-08 sobre Función Pública”.
En el mismo documento solicita a la Dirección General de Compras y Contrataciones realizar una auditoría al Departamento de Compras desde la gestión pasada a la fecha.
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La investigación sobre este caso es mixta debido a los elementos que se conjugan, enfatizó Ética Gubernamental.
“La investigación en torno a este caso se realiza de manera conjunta debido a que la misma contiene varios aspectos a indagar; como violación a los procedimientos de Compras y Contrataciones, la posible manipulación de documentos y actuaciones que violan el régimen ético y disciplinario establecidos en ley 41-08”, precisó.
Josefina MedinaPeriodista y locutora. Ejerce el periodismo desde 2017. Con experiencia en medios televisivos, impresos y digitales.
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