Este jueves inician las audiencias presenciales en los tribunales
Se mantienen la prohibición en 74 sedes, debido a las condiciones del COVID-19
A partir de este jueves 1 de octubre, de las 220 sedes judiciales a nivel nacional, 146 estarán ofreciendo servicios presenciales dentro de lo que el Poder Judicial denomina la Nueva Normalidad en el marco de la actual pandemia del COVID-19, que llevó a que en solo meses se acelerara la digitalización del sistema prevista para un plan de cinco años.
Desde la fecha se mantendrán habilitadas las sedes en los 11 departamentos judiciales, quedando en funcionamiento todos los palacios de justicia, las cortes de apelación, y los tribunales de tierra.
También, operarán 76 juzgados de paz y 18 tribunales de niños, niñas y adolescentes. En paralelo, seguirá disponible la facilidad de hacer procesos regulares en la plataforma virtual del Servicio Judicial.
Luis Henry Molina, desde una sala de reuniones en la sede de la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial, aseguró a periodistas de Diario Libre con quienes conversó a raíz del reportaje titulado “Cuando la justicia es injusta por un virus”, dentro de un especial periodístico sobre los primeros seis meses del país en estado de emergencia por el COVID-19, que desde este jueves el usuario podrá elegir si el proceso será virtual o presencial.
Al preguntarle si una persona que tenga una audiencia por una acusación de robo podrá elegir si comparece presencial o virtual, el magistrado respondió: “Totalmente”.
“Nosotros vamos a incentivar lo que sea más conveniente para los derechos de los usuarios, y entendemos en este momento que si una persona es privada de libertad y desde el lugar donde está privada de libertad se le puede interponer una medida de coerción y eso reduce el tiempo, vamos a incentivarlo”, puntualizó Molina.
Durante varios meses el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) se mantuvo protestando para que se reabrieran los tribunales y se permitieran audiencias presenciales, tras las medidas dispuestas por la pandemia que llevaron a virtualizar la mayoría de los procesos.
La nueva modalidad, trae consigo nuevos mecanismos de control que le permitirán al sistema judicial conocer cómo opera cada tribunal del país y los niveles en que dan respuesta a los requerimientos de los usuarios.
“Hoy en día podemos saber la operación de lo que está pasando en cada tribunal del país. No es que nosotros le ponemos la mano, no. Esto es a partir de un sistema existente. No hay ningún tablero en el cual nosotros manipulemos la información, sino a partir de los registros estos tableros se van alimentando”, refirió.
En esta fase, donde se apuesta a que audiencias y solicitudes continúen siendo virtuales a solicitud de las partes, también se apuesta a que los usuarios puedan hacer uso de los buzones que han sido habilitados en algunos departamentos judiciales para el depósito de documentos y a que los jueces emitan sentencias o resoluciones certificados mediante firma electrónica.
“Toda la documentación que está ingresando es digitalizada lo cual habilita que la adjudicación y las diligencias que tenga que ser haya que celebrar a lo interno para la instrucción del proceso se pueda celebrar de manera no presencial”, explicó Helter Tavares, asesor del Poder Judicial, al resaltar que la decisión que emita el tribunal será un documento apoyado en la firma electrónica y que será remitido a las partes en formato digital.
Aclaró que la sentencia impresa, también estará a disposición de los involucrados en el proceso en caso de requerirlo así.
“No es limitativo, o sea, no está obligado de usar el buzón, es una opción adicional”, puntualizó el presidente de la Suprema Corte.
Melisa Bretón, directora general técnica del Poder Judicial, destacó que la pandemia y las medidas tomadas por las autoridades para controlar la propagación del virus, han obligado a que el proceso de digitalización del aparato judicial, programado para iniciar en unos cinco años, se tuviera que ejecutar en meses.
“En estos meses hemos tenido que montarnos en un sistema que estaba pautado para funcionar en cinco años y esto conlleva una curva de aprendizajes en la utilización de recursos”, refirió luego de presentar el plan estratégico denominado “Visión Justicia 20/24”.