En el país solo hay 124 defensores públicos y se necesitan 500
No han podido aumentarse por falta de presupuesto
Los defensores públicos en el país solo llegan a 124, cuando se necesitan al menos 500 para cubrir la necesidades de personas que no tienen cómo pagar su defensa.
Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, explicó que tienen una carga considerable de casos, tomando en cuenta que cuando surgió la institución en el 2004, con una población de 8,562,541, el plan estratégico para cinco años contemplaba llegar a los 450 defensores públicos, lo que no ha sido posible por falta de presupuesto.
“Hay pueblos en los que no tenemos defensores públicos, allí lo que tenemos son abogados de oficio o abogados contratados que no reciben la misma capacitación que los defensores públicos, por lo tanto la calidad en el servicio no es igual”, enfatizó.
Es por esto que ahora procuran aumentar la calidad de los defensores públicos aprovechando que la Oficina Nacional de la Defensa Pública ganó un concurso de Fondo Chile -iniciativa conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo (AGCID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- que recibió 110 postulaciones de parte de organismos de la sociedad civil e instituciones de Gobierno, de las cuales diez fueron seleccionadas y adjudicadas.
“Por la carga de trabajo muchos defensores públicos han pasado al Poder Judicial, han pasado a la fiscalía o se han ido a oficinas privadas y por ello al hacer falta muchos defensores públicos la carga de trabajo se les carga a los que están, entonces en la menor oferta que aparezca por ahí se van y no hay forma de nosotros tratar de retenerlos”, expresó.
Valentín Santos comenta que el sueldo mensual promedio de un defensor público es de 64 mil pesos, conociendo a diario entre 5 y 6 audiencias, cuando en una de esas audiencias un abogado privado puede ganarse entre 300 mil y 500 mil pesos.
Andrés Manque, defensor Nacional de Chile, sostuvo que “no puede permitir un Estado renunciar al 100% de la cobertura. “Si renunciamos al 100% de la cobertura estamos haciendo denegación de justicia, generando una desigualdad ante la Ley a ciudadanos que merecen que le respeten esa garantía de igualdad ante la Ley que también la misma Constitución establece”, dijo.
El programa
La oficina de Defensa Pública informó que con el proyecto “Perfeccionamiento de Defensores y Jueces en materia procesal penal y fortalecimiento del modelo de gestión de calidad de la Defensa Pública en República Dominicana”, la Defensoría Penal Pública (DPP) se transformó en el primer organismo judicial dominicano en adjudicarse un Fondo Chile, iniciativa que permite ejecutar programas de cooperación en América Latina y el Caribe, África y el Pacífico Sur.
El proyecto se desarrollará en 24 meses, durante los cuales se realizarán ocho talleres -en República Dominicana y en Chile-, en los que los asistentes serán capacitados no sólo en gestión de defensa, sino también en derechos humanos, pueblos indígenas, igualdad de género y sostenibilidad ambiental, entre otros temas. El presupuesto asignado por Fondo Chile a esta iniciativa asciende a 138 mil 812 dólares.
El programa de la DPP se desarrollará en la Escuela Nacional de la Judicatura conjunto con la Oficina Nacional de Defensa Pública de República Dominicana (ONDP) y cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados de Chile.
Tiene como objetivos desarrollar técnicas avanzadas de litigación oral en el proceso penal de adultos y adolescentes con perspectiva de género, entregar conocimientos en derecho de migrantes y derechos humanos, dar instrumentos para una mejor fundamentación recursiva y de sentencias en materia penal y perfeccionar el modelo de gestión de calidad y operación de la defensa penal en República Dominicana.
Se explicó que República Dominicana pasó de contar con un sistema de justicia penal inquisitivo a uno acusatorio en 2004, año en que también se creó la Oficina Nacional de Defensa Pública, institución que en 2010 se transformó en un órgano constitucional independiente, luego de que la Constitución de ese año así lo consagrara.