Comienza una semana crucial en el caso de los sobornos pagados por Odebrecht

El proceso judicial por los sobornos pagados por Odebrecht que se ventila en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia entra en una semana crucial. Los fiscales que llevan el caso deberán presentar los argumentos con los cuales buscarán que sean rechazadas las pretensiones (incidentes y solicitudes de nulidad) de los imputados que persiguen que la no celebración del juicio de fondo.

A partir de este martes, los miembros del Ministerio Público tienen dos días para refutar uno por uno los incidentes y excepciones de nulidad que se han estado planteando, y convencer a los jueces del Pleno de que hay elementos suficientes para continuar la acción penal en contra de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez.

En audiencias pasadas, algunos miembros del Ministerio Público habían considerado que no hay forma de que el Pleno de la Suprema Corte admita las solicitudes que han hecho las barras de las defensas, y refirieron que muchos de los incidentes presentados ya habían sido planteados en la etapa de instrucción y fueron rechazados.

Entre los aspectos a los que deberán referirse los fiscales está la excepción de inconstitucionalidad presentada por Víctor Díaz Rúa, y que busca anular las resoluciones del Pleno mediante las cuales se rechazaron las recusaciones al presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, y otros cuatro miembros del alto tribunal.

De igual manera, referirse a la solicitud de control de convencionalidad hecha por los abogados de Pittaluga en la que afirman que la celebración del juicio en única instancia, como lo dispone la Constitución y el Código Procesal Penal, es contraria la Convención Americana de los derechos Humanos y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos que establecen como garantías mínimas, en un proceso penal, el recurrir ante un tribunal superior una sentencia. En caso de que el Pleno condene a los imputados, esa decisión no se puede apelar.

Así como expresar las razones por las cuales consideran que el auto de apertura a juicio dictada en la fase de instrucción por el juez, Francisco Ortega Polanco, está fundamentada en derecho. También refutar la solicitud de anular varias pruebas documentales, que a juicio de los abogados de los imputados, les fueron ocultadas, así como obtenidas violando el debido proceso.

El Ministerio Público, además, deberá fijar posición sobre lo solicitado por el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Roberto Rodríguez, quien pidió al Pleno que su suerte sea decidida en esa alta corte. Pero también tienen que dar su parecer sobre lo que solicitó el senador de San Cristóbal, Tommy Galán, quien pidió que sean descongeladas sus cuentas.

Hogla Enecia Pérez

Wander Santana

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Periodista en ejercicio desde el 2014. Ha ejercido la profesión en los principales medios impresos de la República Dominicana. Escribe sobre casos judiciales, derechos humanos, criminalidad y otras problemáticas sociales.