Juez se reserva el fallo sobre envío a juicio de fondo en caso de estafa inmobiliaria
El Ministerio Público acusa a Emmanuel Rivera Ledesma de liderar una red delictiva que habría estafado a más de 500 personas mediante la venta de proyectos inmobiliarios inexistentes
Wilder Páez
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el 25 de abril el dictamen sobre si enviará o no a juicio de fondo a los imputados en el caso de la presunta estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Nido. El fallo se dará a las 10:00 de la mañana.
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público presentó su acusación formal junto a los elementos probatorios que sustentan el expediente.
De acuerdo con el abogado Robinson Reyes, el juez se reservó el fallo debido a la complejidad del caso, lo que amerita un análisis detallado.
Mixael Rosa Nicasio, representante legal de varios afectados por la supuesta estafa, explicó que en esta etapa procesal no se discutía el fondo del caso, sino la legalidad de las pruebas presentadas.
"Hoy (viernes) no se debatía el fondo del asunto, sino la licitud de las pruebas, para que el juez pueda tomar una decisión sobre si el caso debe avanzar a juicio de fondo", puntualizó.
Detalles del caso
En el expediente, el Ministerio Público acusa a Emmanuel Rivera Ledesma de liderar una red delictiva que habría estafado a más de 500 personas mediante la venta de proyectos inmobiliarios inexistentes, captando así millones de pesos y dólares.
Junto a Rivera Ledesma también figuran como imputados Luis Alberto Méndez Rosario, José Ramón Castillo Peña, María del Carmen Fernández Gómez, Rafael Antonio Guzmán Peralta, Esteban de Jesús Rojas, Carolina Martínez Jiménez, Héctor Manuel Díaz Peña, Francisca Altagracia Torres, Miguel Ángel Suero Pimentel y Julio César Vargas.
- Las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL también están implicadas.
Cargos y magnitud del fraude
La acusación incluye los cargos de estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 59, 60, 147, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.
La investigación establece que los imputados utilizaron las empresas mencionadas para ofrecer propiedades ficticias, captar fondos de inversionistas y evadir compromisos fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), incurriendo así en defraudación tributaria.
Según el Ministerio Público, el fraude supera los 235 millones de pesos y los 10 millones de dólares. En el marco del proceso, se han incautado bienes adquiridos supuestamente con fondos ilícitos, incluyendo casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada, presuntamente utilizados para sostener un alto nivel de vida entre los acusados.
Wilder PáezPeriodista y locutor dominicano, egresado de la UASD. Cubre la fuente del Congreso Nacional y Política para Diario Libre. También ha laborado para los periódicos Listín Diario y El Nuevo Diario.
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