Cuatro años después, el MP pide condenas por "desfalco" de 5 mil millones de pesos en caso Antipulpo
El órgano presentó conclusiones y pidió 20 años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado
Wilder Páez
Cuatro años después del inicio del proceso judicial del caso Antipulpo, el Ministerio Público presentó este lunes sus conclusiones ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, solicitando condenas para los implicados en el presunto entramado de corrupción acusado de desfalcar al Estado dominicano con más de 5,000 millones de pesos.
El proceso comenzó en 2020 con una serie de allanamientos encabezados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y desde entonces ha atravesado múltiples etapas, incluyendo la acusación formal en diciembre de 2021 y el inicio del juicio de fondo en septiembre de 2023.
El caso nació en las gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito y sigue vivo en las manos de la recién instalada Yeni Berenice Reynoso.
Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto, integrantes del tribunal, tienen ahora en sus manos el desenlace de un juicio caracterizado por continuos incidentes y aplazamientos, que el Ministerio Público atribuye a tácticas dilatorias de la defensa.
Solicitudes de condenas
La fiscalía solicitó una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra Juan Alexis Medina Sánchez, señalado como el principal cabecilla del esquema. También pidió 15 años de prisión y 200 salarios mínimos contra José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda.
Para Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta administrativa de la misma entidad y hermana del expresidente Danilo Medina, se solicitaron 10 años de prisión. Esta misma pena fue pedida para Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (a) Jhonny Brea y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.
Asimismo, se solicitaron condenas de 10 años para Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.
Para Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, el exministro de Salud Pública, y Rafael Antonio Germosén Andújar, se solicitó una pena de cinco años de prisión.
En el caso de Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), se pidió una condena de tres años.
Además, el Ministerio Público requirió que todos los imputados sean inhabilitados para contratar con el Estado o desempeñar funciones públicas durante 10 años, el decomiso de los bienes incautados y la degradación cívica, que conlleva la pérdida de derechos civiles y políticos.
Las condenas, en caso de ser acogidas, se cumplirían en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, según corresponda.
Respecto a Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una condena suspendida de cinco años, una multa equivalente a 500 salarios mínimos, la devolución voluntaria de 15 millones de pesos y otras medidas restrictivas.
Una red estructurada de corrupción
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público ha demostrado la existencia de una red criminal que operaba mediante tráfico de influencias, contratos simulados, uso de testaferros y violaciones a la Ley de Contrataciones Públicas, logrando desviar grandes sumas del erario en perjuicio de varias instituciones estatales.
Ortiz subrayó que las penas solicitadas están respaldadas por la gravedad de los hechos y el cúmulo probatorio.
"Cada peso drenado al Estado representa una escuela sin terminar, un niño sin educación, un hospital sin medicamentos. No merecemos que un grupo se beneficie de manera ilegítima de los recursos de todos", afirmó.
Cargos que enfrentan los acusados
A Juan Alexis Medina Sánchez se le acusa de crear un entramado societario que sirvió como medio para obtener ventajas económicas en contrataciones con el Estado, en coalición con funcionarios, mediante tráfico de influencias, uso de documentos falsos y maniobras fraudulentas, entre ellas la simulación de contratos y el uso de prestanombres.
Además, se le imputa incurrir en lavado de activos, desfalco, enriquecimiento no justificado y financiamiento ilícito de campañas políticas.
José Dolores Santana Carmona está acusado de ser parte de esta red como prestanombre y representante de varias empresas del alegado entramado liderado por Medina Sánchez, facilitando la circulación de fondos ilícitos y sirviendo como intermediario para la adquisición de bienes que luego eran colocados a nombre de terceros.
Wacal Vernabel Méndez Pineda también figura como prestanombre y representante legal de empresas controladas por Medina Sánchez, participando activamente en maniobras de lavado de activos, simulación de contratos y adquisición de bienes producto de las actividades ilícitas del entramado.
Fernando Aquilino Rosa Rosa, en su calidad de director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), alegadamente permitió la adjudicación de contratos y pagos irregulares a favor de empresas vinculadas al acusado principal, facilitando el desvío de recursos públicos en beneficio del grupo criminal.
Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y también funcionaria del Fonper, está acusada de coalición de funcionarios, complicidad en el desfalco y otras maniobras para beneficiar al entramado liderado por su hermano, incluyendo la aprobación de pagos irregulares desde esa entidad.
Carlos José Alarcón se desempeñaba como contador y facilitador de las operaciones contables que permitieron encubrir las actividades ilícitas del grupo. Está acusado de lavado de activos, complicidad y falsedad documental para maquillar el origen de los fondos obtenidos ilícitamente.
Ramón Brea Morel (a) Jhonny Brea fungía como representante de una de las empresas utilizadas por Alexis Medina para contratar con instituciones del Estado, participando en simulaciones de operaciones comerciales y ayudando a canalizar fondos del erario a través del esquema corrupto.
Lina Ercilia de la Cruz Vargas está acusada de complicidad en la red, al figurar como titular de cuentas y propiedades adquiridas con fondos ilícitos. Según el Ministerio Público, sirvió como testaferro en parte de las operaciones de ocultamiento de bienes.
Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez (a) Ángelo están acusados de lavado de activos y testaferrato.
José Idelfonso Correa Martínez está acusado de lavado de activos y porte ilegal de armas, en violación a los artículos 3.2 y 4.7 de la Ley No. 155-17 y el artículo 66 de la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados.
Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco está acusado de corrupción administrativa, asociación de malhechores, soborno, falsedad, desfalco y lavado de activos.
Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez está acusado de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos.
Rafael Antonio Germosén Andújar está acusado de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos.
Par el próximo miércoles a las 9:00 de la mañana, fecha para la que fue aplazado el juicio de fondo, los representantes legales de los imputados y los propios encartados, tendrán la oportunidad de replicar las peticiones ya planteadas por el Ministerio Público. De igual forma, los abogados del Estado presentes en la sesión judicial también deberán concluir sus réplicas.
Más allá, corresponderá a las juezas valorar cada uno de los planteamientos y dar un veredicto final a uno de los casos más sonados de los últimos años.
Wilder PáezPeriodista y locutor dominicano, egresado de la UASD. Cubre la fuente del Congreso Nacional y Política para Diario Libre. También ha laborado para los periódicos Listín Diario y El Nuevo Diario.
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