Defensa de imputado en caso Falcón recusa a juez y retrasa audiencia preliminar
La presentación de este incidente motivó al aplazamiento de la audiencia preliminar para el próximo 9 de enero del 2025
La defensa técnica de uno de los imputados en la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos, desarticulada por el Ministerio Público en el 2021 con la Operación Falcón, recusó al juez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, informó este jueves la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con una nota de prensa, la recusación al juez Cirilo Salomón Sánchez por parte del abogado José de los Santos Hiciano, representante del imputado Lenin Torres y de la entidad societaria Lenín Auto Import, ocurre tras el arresto en Colombia del líder de esta estructura criminal, Erick Randiel Mosquea Polanco.
Dijo que la Fiscalía de Santiago, representada en los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, rechazó la recusación, por entenderla "infundada y extemporánea".
La Procuraduría explicó que la presentación de este incidente motivó al aplazamiento de la audiencia preliminar para el próximo 9 de enero del 2025.
El órgano persecutor afirmó en el documento que dicha acción tiene "el objetivo de continuar retrasando el avance de la audiencia preliminar en el caso Falcón".
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Recordó que, en la Operación Falcón, las autoridades del Ministerio Público, en colaboración con otros organismos de seguridad e inteligencia, desarticularon una "poderosa estructura del crimen organizado" que se especializó en múltiples delitos que incluye el lavado de activos, narcotráfico y armas de fuego.
"A dos años de que el Ministerio Público presentara la acusación formal en contra de unas 70 personas físicas y entidades societarias, los incidentes que presentan los abogados redundan en torno a los mismos recursos", sostuvo la Procuraduría en el documento.
Cargos que enfrentan implicados
Los implicados en la estructura del crimen organizado enfrentan cargos por lavado de activos provenientes del narcotráfico, patrocinio del narcotráfico, usurpación de identidad, tráfico de armas de fuego, entre otros ilícitos que, disfrazados como actividades comerciales legales, movilizaba miles de millones de pesos.
La Procuraduría precisó que el desmantelamiento de esta red criminal es el resultado de un trabajo coordinado por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y que ha contado, además, con el apoyo de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA).