Jueza acoge el retiro de 12 querellas contra Ángel Lockward del caso Calamar
El Ministerio Público lo acusa de pertenecer al caso Calamar y de financiar la campaña política del PLD en los años 2019 y 2020
La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Lidia Altagracia Ramírez, acogió este lunes el retiro de doce querellas presentadas en contra de Ángel Lockward, uno de los señalado en el presunto caso de corrupción Calamar.
Los abogados Patricio Amador, Alexander Navarro, José Elías Cuevas, Nicasio López, David Bautista, Marino Elseviyf, entre otros, revelaron al cierre de la audiencia de hoy en la cual retiraron las querellas porque alegadamente Lockward actuó con apego al interés de sus clientes y no encontraron faltas en sus procesos.
Lockward está acusado por el Ministerio Público de pertenecer al caso Calamar y de financiar la campaña política del PLD en los años 2019 y 2020.
Según el expediente del Ministerio Público, el abogado colocó bienes en el mercado financiero, comprometiendo su responsabilidad penal y la de su firma de abogados Ángel Lockward & asociados S.R.L.
El jurista, Julio César, representante de Manuel Reyes y Eligio Reyes, dos querellantes, subrayó que Lockward logró el "milagro" de que gente pobre desposeída de sus propiedades por 75 años en el Aeropuerto Internacional de las Americas (Aila) cobraran al fin sus terrenos.
Los doctores Patricio y Martin Mañón pidieron al presidente Luis Abinader que pague a Eladia Reyes y a Herminio Mercedes su propiedad en el AILA, a quienes una sentencia definitiva del 2020 ordenó al Ministerio de Hacienda pagarles en 2021, y esto no se ha ejecutado.
El Ministerio de Hacienda ha colocado el pago a estos señores para el año 2026 "cuando estén muertos porque son nonagenarios enfermos y muy pobres", refirió el togado Amador.
Asimismo, el jurista Alexander Navarro al ponderar el trabajo de Lockward como abogado declaró que han sometido a Mérido Torres, exdirector de Titulación, a quien imputa una alegada representación defectuosa, pues apenas logró valorar a 3,000 pesos el metro de tierra en el AILA en donde Lockward obtuvo en cinco sentencias un valor de 7,625 pesos el metro.
José Cuevas Jiménez, representante legal de varios querellantes, pidió al Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como había prometido- que levante las oposiciones a sus clientes para que los terrenos puedan pasar al Estado.
La jueza también acogió dos desistimientos del jurista José Bidó a favor de José Ramón Peralta.
El proceso fue aplazado para el 13 de enero de 2025.