Eddy Olivares sugiere auditar leyes promulgadas desde 1996 tras fallos del Tribunal Constitucional
Entiende que los recientes fallos de esa alta corte abren un panorama de incertidumbre sobre la legalidad de otras normativas aprobadas en condiciones similares
El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, propuso este lunes auditar las leyes promulgadas desde el gobierno de Leonel Fernández, en 1996 hasta la fecha, tras los recientes fallos del Tribunal Constitucional (TC) que declararon inconstitucionales dos importantes normativas: la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y la Ley 10-15, que modifica más de cien artículos del Código Procesal Penal.
Olivares expresó su inquietud en su cuenta de X, señalando que estos fallos revelan graves irregularidades en los procedimientos legislativos de períodos pasados, particularmente durante la hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Congreso Nacional.
"Por tanto, debe contemplarse la posibilidad de que se auditen las leyes promulgadas desde el gobierno de 1996 de Leonel Fernández hasta la actualidad", afirmó.
Fallos del Tribunal Constitucional
En la sentencia TC/0765/24, el TC declaró que la Ley 10-15 del Código Procesal Penal, aprobada hace casi una década, es contraria a la Constitución debido a que no se siguieron los principios de bicameralidad y deliberación conjunta establecidos en el artículo 76 de la carta magna. La ley fue aprobada únicamente por el Senado, controlado entonces por el Partido de la Liberación Dominicana, tras una observación presidencial de Danilo Medina, sin pasar por la Cámara de Diputados.
Asimismo, en la sentencia TC/0767/24, el TC anuló la Ley 1-24 de la DNI, señalando que debió tramitarse como ley orgánica. El fallo determinó que, al no haberse seguido el procedimiento adecuado, la normativa debía ser expulsada por completo del ordenamiento jurídico, sin necesidad de evaluar su contenido.
Para Olivares, los recientes fallos del TC abren un panorama de incertidumbre sobre la legalidad de otras normativas aprobadas en condiciones similares.
La posibilidad de auditar las leyes promulgadas desde 1996 busca garantizar que se respete el debido proceso legislativo y salvaguardar el estado de derecho en la República Dominicana.