Defensa de Hugo Beras apela medida de coerción de 18 meses de prisión por caso de Intrant
La defensa argumenta que Beras cumple con los presupuestos necesarios para una medida menos severa
La defensa del exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, señalado por el Ministerio Público como coautor y principal facilitador en un presunto caso de corrupción relacionado con la red semafórica y el sistema de videovigilancia de la ciudad, ha interpuesto un recurso de apelación contra la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva impuesta a su cliente.
El recurso fue depositado ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El abogado de Beras, Luis Rivas, explicó que se están solicitando tres puntos clave: la nulidad del allanamiento realizado, la revocación de la orden de arresto y la anulación de la medida de coerción de prisión preventiva.
"Pedimos la revocación o nulidad de la medida de coerción, la revocación de la decisión que rechazó la nulidad de las actuaciones de allanamiento y la orden de arresto", detalló Rivas.
Medida menos severa
La defensa argumenta que Hugo Beras cumple con los presupuestos necesarios para una medida menos severa y solicita que se le conceda libertad pura y simple. En caso de que esto no sea aceptado, se pide una medida de coerción menos gravosa.
"Nuestra teoría es una libertad pura y simple", afirmó Rivas, quien también subrayó que la gravedad del hecho no puede ser el único criterio para justificar la prisión preventiva.
Rivas agregó que su defendido ha presentado pruebas de arraigos familiares, económicos y sociales, que deberían ser suficientes para evitar su detención, pero indicó que la jueza del caso consideró que los mismos no eran suficientes, sin ofrecer una explicación detallada.
La defensa también señaló que la alegación de que Beras representa un peligro para la investigación carece de fundamentos claros.
"Ellos dicen que él representa un peligro para la investigación, pero no explican de manera concreta en qué consiste ese peligro, lo cual es una obligación del tribunal", concluyó Rivas.