Tribunal declara nula venta de terrenos en Los Tres Brazos; comunitarios piden entrega de título

Los jueces de la Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional declararon irregular la venta de terrenos del sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, realizada por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde). 

Mediante la sentencia 0313-2024-S-00140, emitida el 14 de octubre, el tribunal declaró "la nulidad parcial del acuerdo marco para compraventa de inmuebles de fecha 25 de febrero del año 2010, suscrito entre la Fabrica Dominicana de Cemento, C. por A., la Sociedad Comercial Dominicana Industrial de Calzados, C. por A., debidamente representadas por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), e Inversiones Fernández Parache & Asociados, S.R.L. (Infepa)". 

Los jueces declararon "nulo y sin ningún valor jurídico, el addendum de acuerdo marco regulatorio para compra venta de inmueble entre Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) e Inversiones Fernández Parache & Asociados, S. A., (INFEPA) de fecha 18 de junio del 2010". 

El tribunal ordenó la cancelación del Certificado de Título que ampara el derecho de propiedad del inmueble "descrito como: Designación Catastral No.400467804977, del Municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, con una extensión superficial de 85,920.34 metros cuadrados, expedido a favor de Inversiones Fernández Parache & Asociados, S. A.".  

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A través de un comunicado, Milcíades Gerardo, vocero de la organización comunitaria, afirmó que este sector del municipio Santo Domingo Este tiene varios años luchando para que les sean devueltos y respetados sus derechos.

"Ya es tiempo, después de esta sentencia, que el Gobierno venga a la comunidad, instale una oficina e inicie el proceso para la titulación de los moradores de esta comunidad", precisó el dirigente comunitario.

Gerardo dijo que el barrio Los Tres Brazos "está regocijado porque luego de tantos años se ha reconocido un derecho de los habitantes de esta comunidad y que el terreno donde viven fue vendido de manera irregular a una compañía privada, por funcionarios del Estado dominicano". 

El caso involucraba la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, a los fines de ganar alrededor de 5,000 millones de pesos. 

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