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Constitución
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Jueza explica procesos para proteger derechos e imponer supremacía de la Constitución

Afirma que el control de constitucionalidad y de convencionalidad han sido esenciales en la evolución del Estado de Derecho en República Dominicana

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Jueza explica procesos para proteger derechos e imponer supremacía de la Constitución
La jueza María Garabito Ramírez (segunda de la derecha) durante el XX Encuentro de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, que se realiza en Paraguay. Explicó los mecanismos judiciales para proteger derechos e imponer supremacía de la Constitución (FUENTE EXTERNA)

La magistrada María Garabito Ramírez, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana, afirmó que el control de constitucionalidad, que procura asegurar la supremacía de la Constitución en los procesos, y el de la convencionalidad, que sean de conformidad con los tratados internacionales ratificados en el país, han sido esenciales en la evolución del Estado de Derecho.

Garabito Ramírez señaló que el control constitucional y convencional también han tenido un impacto significativo en la sociedad dominicana.

Al participar en representación del Poder Judicial dominicano en el XX Encuentro de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica "por una justicia de género", la magistrada explicó la diferencia que existen en los dos mecanismos.

 "La principal diferencia entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad radica en su ámbito de aplicación; control de constitucionalidad se centra en la conformidad de las leyes nacionales con la Constitución; y el de convencionalidad se centra en la conformidad de las leyes nacionales y las prácticas judiciales con las normas internacionales de derechos humanos", dijo.

Asimismo, agregó que el control de constitucionalidad en América Latina y el Caribe varía según el país, con algunos sistemas que permiten tanto el control difuso como el concentrado.

Sentencias emblemáticas que citó

Entre las sentencias emblemáticas planteadas por vía de control difuso citó una del 26 de febrero del 2021 en donde la Segunda Sala de la SCJ se pronuncia respecto a que "las garantías solo juegan en favor, no en contra, de quien sufre el poder penal del Estado; y otra de la misma sala del 31 de octubre de 2023 en la cual se estableció que la discriminación y la violencia de género están estrechamente relacionadas, y define cada punto.

Hizo igualmente referencia a las sentencias emblemáticas con perspectivas de derechos humanos en base al control de convencionalidad del Tribunal Constitucional, relacionadas con la nacionalidad. 

Mencionó como ejemplos que países que combinan ambos tipos de control a Argentina, Costa Rica, Colombia y Perú; mientras que otros, como Guatemala y El Salvador, tienen mecanismos más concentrados que permiten el control difuso, decisiones del Poder Judicial, no del Tribunal Constitucional, en situaciones específicas.

Artículo de la Constitución que sustenta control convencional

La magistrada María Garabito Ramírez destacó que en República Dominicana el control de convencionalidad se sustenta en el artículo 74 de la Constitución, el que establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y prevalecen sobre las leyes internas siempre que contenga normas sobre derechos humanos más favorables.

El encuentro

La magistrada María Garabito Ramírez participa en el XX Encuentro de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica "por una justicia de género", que se realiza del 11 al 13 de septiembre en Paraguay.

El tema central del XX Encuentro de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica es "El control de convencionalidad y los derechos humanos de las mujeres".

La actividad es organizada por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay (CSJ) y la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, que actúa como Secretaría Técnica. El evento cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y la Itaipú Binacional. 

Los países representados en el evento son: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay.

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