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Caso Calamar
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Recusan jueza del caso Calamar por supuesta "parcialidad y favoritismo"

El abogado Pablo Benjamín Castillo indicó que los fiscales "no tienen la voz cantante" al ciento por cien

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Recusan jueza del caso Calamar por supuesta parcialidad y favoritismo
Gonzalo Castillo y sus abogados, durante la fallida audiencia de este lunes del caso Calamar. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que lleva el juicio preliminar del caso por presunta corrupción Operación Calamar, fue recusada por "sospecha de parcialidad y denegación de justicia".

De acuerdo al abogado Pablo Benjamín Castillo Mercedes, quien representa a una parte de las familias Bernald-Mota, explicó que los motivos para recusar a la jueza son porque no "tiene ninguna garantía" de que la magistrada hiciera una "apreciación sana de lo que tiene que ver con la norma y la justicia".

Señaló que cuando la magistrada conocía el criterio de oportunidad a seis vinculados en el caso de corrupción, quienes devolverían más de 2,000 millones de pesos al Estado, la jueza externó que no tenía calidad para estar presente en esa audiencia.

Castillo Mercedes precisó a su salida de la audiencia que la magistrada "está maquillando" sus declaraciones indicando que la audiencia del criterio de oportunidades y el juicio preliminar de este caso son procesos diferentes, pero que a su parecer, estos procesos van de la mano porque es un mismo expediente con los mismos imputados y querellantes.

"A ella se le ocurrió decir que nosotros para esa audiencia, de criterio de oportunidades, no teníamos calidades y sin embargo ella establece que para esta audiencia sí tenemos calidad y lo que nosotros no podemos es esperar que nos sigan asaltando y nos sigan atrapando en nuestra buena fe", dijo el jurista.

Indicó que la jueza decidió validar el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público, a favor de Fernando Crisóstomo y Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), con lo cual se estaría declarando la extinción de la acción penal en contra de esos vinculados en el caso de corrupción, lo que a su consideración no es una audiencia para hacer esa declaratoria.

Aseguró que tras esto en la audiencia los imputados no estaban completos ya que "no puede decirnos a nosotros que esos imputados están exentos cuando hay unos querellantes que entienden que se les ha violado sus derechos".

El abogado dijo que los fiscales "no tienen la voz cantante" al ciento por cien ya que hay querellantes que hicieron acusaciones particulares.

"Por eso nosotros entendemos que si la magistrada no nos dio garantía a nosotros en el criterio de oportunidades, que es una audiencia, un proceso simple si lo comparamos con lo que tiene que ver un proceso como este, dentro de lo complejo, muy complejo, nosotros entendemos que la magistrada no está actuando de acuerdo a lo que establece el artículo 68 y 69 de la Constitución respecto a lo que es el debido proceso", dijo Castillo Mercedes.

La familia Bernarld- Mota, que representa el jurista, es víctima de unos 11,082 millones de pesos.

La jueza

Tras dar inicio a la audiencia y que se conocieran todas las partes, la magistrada Altagracia Ramírez se refirió a la recusación en su contra donde señaló que la acción en su contra "no tiene ningún mérito" y que tanto la audiencia preliminar como la de criterio de oportunidades no tienen nada que ver.

La jueza remitió a la Corte de Apelación la recusación en su contra para que sea esta quien decida si hubo o no "una buena aplicación de la norma".

"Entendemos que es totalmente improcedente y carente de fundamentos, esta recusación que han presentado en el día de hoy", dijo la jueza.

En ese sentido aplazó para el lunes 30 de septiembre a las 9:00 de la mañana la próxima audiencia del caso Calamar.

El caso de presunta corrupción Operación Calamar, está encabezado por los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

También están acusados en el expediente otras 31 personas físicas y 13 empresas de estafar al Estado con más de 41 mil millones de pesos a través del pago irregular de propiedades declaradas de utilidad pública, sobornos para financiar el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y las elecciones de 2020, así como en un proyecto de extorsión en bancas de apuestas.

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Licenciada en Comunicación Social, egresada de la UASD y periodista en Diario Libre.